La FeSP reclama una Ley General Audiovisual que defina la función pública de todos los operadores de televisión

Solicita a los grupos parlamentarios que apuesten por un sector audiovisual al servicio del pluralismo y la educación, y no concebido como un mercado.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados va a debatir mañana -con una sorprendente prisa que todos los grupos han criticado, excepto el PSOE- el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es el último paso que ha dado el Gobierno después de haber aprobado antes del verano, también con urgencia, varias medidas que solo han sido aplaudidas por la patronal de las televisiones privadas (UTECA): facilidades para la fusión de cadenas, TDT de pago y eliminación de la publicidad en TVE.

El PSOE ha negociado esta ley solamente con una formación de derechas (Convergència i Unió), en vez de hacerlo con los partidos con los que más coincide ideológicamente.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta que, por esa falta de diálogo con los demás grupos parlamentarios, el proyecto de ley que elaboró el Gobierno apenas haya sido mejorado con enmiendas, pero todavía hay tiempo para hacerlo.

El proyecto de ley se caracteriza porque:
* Define el sector audiovisual como un mercado, en vez de como una función pública al servicio del pluralismo, la educación, la cultura y la cohesión social, lo que contradice las normativas europeas.
* No define funciones de servicio público para los medios privados y, en cambio, sí restringe este carácter para los públicos.
* No garantiza competencias ejecutivas claras para el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en lo relativo a la adjudicación y retirada de licencias y a la capacidad para sancionar las infracciones de la ley. Tampoco que sus integrantes sean elegidos por sus méritos profesionales y no por sus afinidades ideológicas o políticas.
* No contempla criterios de legalidad laboral o de vigilancia profesional para la adjudicación de licencias.
* No garantiza la autonomía de los medios públicos autonómicos y locales en su financiación, que ahora es mixta (presupuestos públicos más publicidad).
* No establece unos criterios homogéneos para la creación de organismos públicos autonómicos y locales, en la línea de la reforma de RTVE. Es decir, que continuarán al servicio del gobierno o el alcalde de turno.
* No garantiza la producción y edición de programas por los medios públicos, no solo su emisión.
* Tampoco reconoce a los medios comunitarios como un tercer sector, junto al privado y al público, que no puede ser residual por falta de financiación o por obstáculos legales. Olvida que su existencia garantiza el derecho constitucional de la ciudadanía a comunicar información veraz, junto a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas hace un llamamiento a los diputados para que mañana actúen en conciencia y eviten un mal comienzo de la regulación del sector audiovisual, y especialmente a aquellos en cuyas comunidades autónomas ya están en vigor leyes audiovisuales con unos contenidos diferentes y contrarios al proyecto que mañana van a debatir en el Congreso.

Después de tanto tiempo esperando esta ley, la ciudadanía no se merece que se desperdicie esta ocasión por intereses partidistas coyunturales y para no molestar a la patronal.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Contactos de FSC para influir el trámite parlamentario de la Ley General Audiovisual

Manteniendo el trabajo institucional de presentación de las propuestas del sindicato a la Ley General Audiovisual, una delegación del sector de medios de FSC-CCOO y la Secretaría de política sectorial inician una ronda de reuniones en el Senado.

La primera de las actuaciones de esta índole se lleva a cabo con el Grupo de la Entesa Catalana de Progress, concretamente con el senador Joan Josep Nuet, quien fué ampliamente informado de las enmiendas que propone el sindicato en la nueva Ley Audiovisual. El senador debatió con la representación sindical en un clima de buen entendimiento.

A lo largo de los próximos días, se celebrarán varios encuentros con el resto de las representaciones parlamentarias de la Cámara Alta, a los que la FSC pedirá apoyo para las iniciativas y enmiendas que propone al proyecto de LGA que, a lo largo del mes de febrero será tramitado en el Senado.

LA LEY GENERAL AUDIOVISUAL SALE DEL CONGRESO MEJORADA CON LAS APORTACIONES DE FES-UGT

El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual salido del Congreso recoge finalmente el grueso de las demandas planteadas por la FeS-UGT en las diferentes reuniones y contactos mantenidos con el Grupo Socialista, y el resto de fuerzas políticas, desde que se planteó este proyecto hace ya cinco años.

Gracias a las enmiendas defendidas por FeS-UGT se ha conseguido integrar en el texto finalmente aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso, garantías para la continuidad de las televisiones autonómicas como empresas públicas. Estas “mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión”. Este es un paso muy importante pero, teniendo en cuenta el informe de los servicios jurídicos de FeS-UGT, sería necesario añadir en el texto que salga del Senado que la Ley Reguladora del Tercer Canal, que quedaría ahora derogada, “seguirá siendo de aplicación a los efectos previstos en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Segunda”.

El trabajo de FeS-UGT ha conseguido también que la futura Ley recoja expresamente que los prestadores del servicio público audiovisual- como Radiotelevisión Madrid- “no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos”, que estarán obligados a impulsar “la producción propia de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”, además de prohibir expresamente que la financiación pública sostenga “actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público”. De hecho, en el caso de las Radio Televisiones Autonómicas, el Gobierno de su Comunidad deberá suscribir contratos-programa en los que se identifique “de manera expresa los contenidos de servicio público” y en particular “los porcentajes de géneros de programación”. Todo esto desde la perspectiva de un servicio público que según cita expresamente el Proyecto “tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea, con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público”.

También se ha recogido nuestra reivindicación de desgubernamentalización y democratización de los medios públicos, en la línea de lo ya conseguido para Radio Televisión Española. Para ello se garantizará que “los criterios rectores de la dirección editorial del prestador de servicio público de comunicación audiovisual, que garantizarán el derecho de acceso, se elaborarán por un órgano de elección parlamentaria, como garantía de su independencia, cuya composición reflejará el pluralismo político y social del ámbito de su cobertura”.

Todo esto son avances muy importantes, que merecen una valoración positiva de FeS-UGT. Pero seguiremos trabajando por incluir mejoras en el Senado, con el objetivo de que la Ley sea aún más garantista de los derechos de la información y a la información de los ciudadanos. Y sobre todo, como sindicato de clase, nos preocupa el empleo.

Por eso seguiremos trabajando para que se introduzcan en el trámite del Senado, mecanismos que eviten las sucesivas subcontrataciones que deterioran el nivel de empleo tanto en el sector público como en el privado. Sin empleo de calidad no puede haber información de calidad, veraz y plural.

Cuando la primera preocupación es mantener un puesto de trabajo, precario en un alto porcentaje en el sector audiovisual, se debilita la capacidad de elaborar información veraz y de ofrecer programas informativos plurales. En ese sentido, llama la atención que con la nueva norma el sector privado deje de estar vinculado por la condición de servicio público, que se reserva sólo para el sector de propiedad pública.

Estamos convencidos de que el trabajo de todos y la voluntad y capacidad de diálogo y consenso de las fuerzas políticas nos permitirá contar finalmente con una buena Ley General de Comunicación Audiovisual.

Ley General de la Comunicación Audiovisual
UGT EMPLAZA AL SENADO A CONSOLIDAR EL SECTOR PÚBLICO
AUDIOVISUAL EN SU LECTURA DE LA LEY REMITIDA POR EL
CONGRESO

La Unión General de Trabajadores, a través de su Federación de Servicios (FeS-UGT), valora positivamente las modificaciones al proyecto de Ley General Audiovisual acordadas en la comisión constitucional del
Congreso de los Diputados. En este trámite, el proyecto se ha reformado
mediante la aceptación parcial de enmiendas defendidas por Izquierda
Unida, a iniciativa de UGT y que ayudan a garantizar el mantenimiento de las televisiones autonómicas en el sector público, impidiendo así su
privatización, tal como manifestó ayer el portavoz del grupo socialista.
Texto añadido: “Los prestadores de titularidad pública del servicio de interés económico general de comunicación audiovisual de ámbito autonómico mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión”
El proyecto de ley continuará ahora su tramitación en la cámara baja. FeS-UGT anima a los partidos políticos a mejorar el texto del proyecto, asegurando la desgubernamentalización de las televisiones autonómicas y locales, tal como se ha hecho en RTVE, garantizando una financiación suficiente, asegurando su sostenibilidad mediante la producción interna de los Contratos Programa y el cumplimiento de su obligación de servicio
público esencial, garante de la pluralidad informativa

FeS UGT considera que el texto aprobado por la comisión
constitucional del Congreso es aún mejorable en asuntos como la necesidad de que el futuro Consejo Estatal Audiovisual tenga competencias y capacidad sancionadora, que se potencien los servicios audiovisuales comunitarios y que el empleo estable y de calidad, se convierta en condición necesaria para la concesión de las licencias de Radiodifusión, poniendo coto al empleo precario y a las interminables cadenas de subcontratación habituales en el sector de medios de comunicación.

La UGT confía en la capacidad negociadora de las fuerzas políticas
para poder mejorar en el Senado la importante Ley General de la
Comunicación Audiovisual, EXTENDIENDO PARA EL CONJUNTO DEL
ESTADO, LA REFORMA PACTADA POR TODO EL ARCO
PARLAMENTARIO PARA RTVE.

ANARCICH - Hernán Mella
El Proyecto de Ley que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria continua en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado y su revisión proseguirá en el correr de los días. En la misma comisión aprobaron la mayoría de los artículos entre ellos el derecho de pasar publicidad lo cual fue denominado como “menciones comerciales” a la cual se oponía en un principio la Senadora Evelyn Mathey (UDI), al igual que Juan Pablo Letelier (PS).

La semana pasada la misma comisión aprobaron la mayoría de los artículos entre ellos el derecho de pasar publicidad lo cual fue denominado como “menciones comerciales” a la cual se oponía en un principio la Senadora Evelyn Mathey (UDI), al igual que Juan Pablo Letelier (PS).

Por otro lado dentro de ese artículo también existía la posibilidad de que las radios podrían transmitir propaganda electoral en tiempos de elecciones, lo que finalmente no fue aprobado por los legisladores.

Durante la próxima semana serán revisados los artículos restantes, llegando de esta forma a la última etapa del proyecto, luego de esto se creara una Comisión Mixta de Diputados y Senadores pertenecientes a ambas comisiones que han analizado el proyecto con anterioridad. Después de esto tendrá que ser votada en la sala del Senado.

Ante la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea “los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana”, y su consiguiente despacho a Ley, los abajo firmantes expresamos:

1.- La iniciativa legal, que pasa a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, si bien es un avance respecto a la Ley de Mínima Cobertura de 1994, reconoce de manera limitada el lugar de la sociedad civil para administrar medios de comunicación y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores por igual.

2.- Asimismo, el proyecto, que otorga estatuto legal a las radios comunitarias, no elimina la inequidad en el acceso al espectro radioeléctrico, como bien de uso público y patrimonio de la humanidad, pues se promueve la perpetuidad en el uso de las frecuencias en base al derecho preferente existente en Chile para renovar concesiones.

El Estado de Chile, al haber suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, está obligado a legislar atendiendo los estándares interamericanos de libertad de expresión, que establecen que el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión debe garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales.

En este sentido, la consagración del derecho preferente y la renovación automática de las concesiones, sin plazos de vencimiento consagrados en la ley, hacen infructuoso cualquier intento de garantizar la diversidad y pluralidad en los medios, ya que protege a los radiodifusores que gozan de esta prerrogativa impidiendo el ingreso de nuevos actores.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA recomienda a los estados que sus políticas públicas de administración de las frecuencias radioeléctricas incluyan una reserva equitativa en todas las bandas de radiodifusión para el acceso de medios comunitarios y otros actores no comerciales, como forma de garantizar y promover la libertad de expresión. Existen legislaciones como la argentina que han acogido estas disposiciones, considerando la distribución equitativa del espectro entre los sectores público, privado y comunitario ciudadano.

3.- Con la emisión de publicidad local autorizada en la iniciativa, la ley limita el derecho de sostenibilidad económica de las radios comunitarias, restringiendo las estrategias de financiamiento sólo al ámbito local territorial en el que se encuentran estas emisoras. Esta disposición lesiona de manera grave la libertad de fundar, sostener y mantener medios de comunicación.

4.- Frente a la persecución a radios comunitarias, ocurridas en democracia, demandamos al Gobierno de la Presidenta Bachelet a tramitar con suma urgencia en el Congreso un proyecto de ley que derogue el artículo 36 B (a) de la Ley General Telecomunicaciones, que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.

Ninguna legislación que cumpla con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión puede hacer uso del código penal para sancionar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía.

5.- Finalmente, como organizaciones de la sociedad civil denunciamos ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, la manipulación del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria promovido por la ARCHI, que, mediante el artículo 6 transitorio aprobado en la Cámara de Diputados, intentó otorgar un “perdonazo” a 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, para renovar fuera de plazo sus frecuencias, haciendo uso arbitrario del derecho preferente y contraviniendo el espíritu de la ley.

Quienes suscriben condenamos estas prácticas que son lesivas para el ejercicio de la libertad de expresión e igualdad ante la ley, y llamamos a los parlamentarios a legislar en conciencia e independencia, para mejorar la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación en Chile.

María Pía Matta

Presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC

Natacha Gómez

AMARC Chile

Raúl Rodríguez

Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Rosario Puga

Corporación La Morada/ Radio Tierra

Paulina Acevedo

Red de Medios de los Pueblos

Juan Enrique Ortega

Eco, Educación y Comunicaciones

Andrea Gamboa Castro

Iniciativa Kaskawilla

Sebastián Feliú

Radio Encuentro de Peñalolen

Claudia Lagos

Programa de Libertad de Expresión

Universidad de Chile

Alvaro Ramis
Presidente de Acción, Asociación Nacional de ONGs

NUEVO ÓRGANO INDEPENDIENTE PARA RESOLVER LOS RECURSOS CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

* Se denominará Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tendrá naturaleza administrativa.
* Se pondrá en marcha a través de un proyecto de ley que modificará la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarla a la regulación europea, y de cuyo Anteproyecto el Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

La reforma prevé la creación de un órgano independiente de carácter administrativo para resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades públicas dentro de los procesos de adjudicación de los contratos del sector público. El nuevo órgano recibirá el nombre de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tendrá naturaleza administrativa y sus miembros gozarán de inamovilidad e independencia.

El Tribunal se encargará, tanto de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las entidades adjudicadoras de contratos del sector público, como de adoptar las medidas provisionales que sean necesarias respecto del procedimiento de adjudicación durante el periodo de resolución de los recursos. En este sentido, el Anteproyecto de Ley prevé la suspensión de la adjudicación del contrato cuando medie un recurso por alguna de las partes perjudicadas. Asimismo, para el caso en que el órgano de contratación infrinja las normas relativas a la publicidad de la licitación o a la suspensión de la adjudicación en caso de recurso, el anteproyecto establece la declaración de ineficacia del contrato o, en los casos en que el interés público aconseje mantener su eficacia, la imposición de sanciones a los poderes adjudicadores.

Con ello se pretende reforzar la garantía de igualdad, transparencia y no discriminación en la selección de los contratistas; razón por la cual también se pondrá en marcha un procedimiento más rápido y eficaz para que éstos puedan ejercitar sus derechos cuando consideren que han sido conculcados en el desarrollo del procedimiento de adjudicación de un contrato público, y obtengan una respuesta administrativa en el menor periodo de tiempo posible.

Adaptación a la normativa europea

El Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público adapta a la legislación española a la Directiva comunitaria de 2007 sobre regulación de los recursos contra los actos de trámite y de resolución de los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector público, cuya principal finalidad es reforzar la figura del recurso para dar la posibilidad razonable a los perjudicados de conseguir una resolución eficaz antes de que el contrato adjudicado sea operativo.

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1039663

NO A ESTA LEY AUDIOVISUAL. Miércoles 16 de diciembre de 2009.

El Proyecto de Ley General Audiovisual aprobado y remitido por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados donde ha pasado el primer trámite parlamentario con los votos del PSOE y de Convergencia i Unió deroga la ley del tercer canal y deja sin garantías la titularidad y la gestión pública de las radiotelevisiones autonómicas.

CCOO RTVA considera que el Proyecto de Ley no ha contado con los agentes sociales. El texto supone una completa desregulación del sector audiovisual, que no garantiza el empleo ni garantizan el derecho constitucional a la información, y la veracidad e independencia de las informaciones ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible.

El proyecto, en caso de llegar a ser Ley, derogará el Estatuto de la Radio y la Televisión y la Ley del Tercer Canal, que hasta ahora han garantizado la titularidad y la gestión pública de los entes de radio y televisión propiedad de las comunidades autónomas. Abre así las puertas a la privatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas, locales y comarcales.

El proyecto de ley quiere reconvertir el sector en pro de los intereses de los grandes grupos privados, ASODAL Y UTECA, contra los derechos de los trabajadores y la ciudadanía y deja sin definir el modelo de producción audiovisual convirtiéndolo en una concesión para que los operadores privados hagan lo que quieran sin ningún control.

Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan con productoras multinacionales. Una legislación de esta magnitud debería potenciar la producción propia interna evitando la precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales y la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva.

El proyecto de LGA no garantiza el servicio público y entra en colisión con normas autonómicas como nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley de RTVA. Aún estamos a tiempo para que el Congreso apruebe una Ley Audiovisual no sólo para empresarios, sino también para trabajadores y ciudadanos.

CCOO RTVA espera que el Parlamento sea permeable a las modificaciones propuestas por los agentes sociales y que se pueda modificar sustancialmente el proyecto. De lo contrario, los trabajadores y trabajadoras del sector tendremos que movilizarnos, no solo para defender nuestros puestos de trabajo sino para el mantenimiento de una radiotelevisión pública que garantice el derecho a la información de los ciudadanos.

L’ACR demana que es retiri el projecte de decret d’emissores al tercer sector

TERCER SECTOR
Per a l’Associació Catalana de Ràdio aquest decret és innecessari i
inoportú i en demana formalment la retirada. Que no se’ns
malinterpreti, no estem dient que les associacions i entitats cíviques,
culturals i educatives els hagi de ser limitat l’accés a la comunicació
pública, el que diem és que, a parer nostre, no és aquesta la manera.
L’ACR es pronuncia en contra d’aquest projecte de decret per a
l’accés a la comunicació pública per part dels mitjans de comunicació
audiovisuals sense ànim de lucre: l’audiovisual té necessitats de
regulació molt més urgents i de caràcter previ a aquest ordenament.
És més, el supòsit sobre el qual es basa aquest accés té en compte
uns antecedents tant regulatoris com de realitat del sector que s’han
vist superats. Les primeres disposicions estatals que regeixen l’accés
a l’espectre per part de les entitats sense ànim de lucre compliran
ben aviat tres dècades i aquells primers redactats han estat
traslladats gairebé literalment d’un ordenament jurídic al que el
substituïa o el completava, sense atendre a un entorn completament
diferent.
L’ACR demana la retirada d’aquest projecte de Decret per tres
motius:
1
- perquè l’accés a l’espectre ja no és l’única manera de difondre
missatges i avui les noves tecnologies de la informació han fet vells
tots els conceptes clàssics de la comunicació punt multipunt
- a causa de la saturació de l’espectre
- i a causa de l’extraordinària proliferació d’emissores de ràdio de
caràcter públic a Catalunya, entre les funcions de servei públic de les
quals, segons la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya s’hi
troben àmpliament representats els principis inspiradors de les
emissores sense ànim de lucre.
No aprofundiré en el primer aspecte, però el seu titular ja apunta a
Internet com una de les sortides a la comunicació de les entitats
sense ànim de lucre.
Intentaré explicar els motius que ens han portat a les altres dues
afirmacions, íntimament vinculades: la saturació de l’espectre i la
quantitat ingent de freqüències que ocupa i la funció que hauria de
tenir la ràdio pública a Catalunya.
Hem començat dient que el decret és inoportú i innecessari, i ho
creiem per dos motius:
- perquè prèviament cal fer efectiva la vigilància i control de
l’espectre, un recurs escàs de titularitat pública
2
- i perquè caldria definir prèviament què hi fa als dials de
Catalunya tanta ràdio pública, companys als quals trobo a faltar
representats en aquesta jornada
Em referiré en primer lloc a la vigilància i el control de l’espectre.
L’Administració té recursos limitats i la praxi de l’exercici
competencial a l’hora d’endreçar l’espectre s’ha demostrat feixuga,
complexa i tal i com ja s’ha dit, de resultats extraordinàriament
decebedors. És a dir, la policia de l’espectre no funciona a pesar que
les il·legals vulneren flagrantment més d’un centenar d’articles de
disposicions normatives de tot ordre: telecomunicacions, continguts,
ambientals, i un llarg etcètera.
L’ACR considera prioritari, abans d’abordar noves regulacions –a
més probablement innecessàries com intentarem explicar més
endavant- que els operadors públics i privats legals actualment
existents puguin exercir els drets emparats per les seves
concessions amb totes les garanties de qualitat i confort d’escolta i
això passa necessàriament pel tancament de totes aquelles
emissions que no disposin del preceptiu títol habilitant.
Evidentment hi haurà qui ens dirà que no poden ser considerades de
la mateixa manera les emissions d’una universitat i les emissions
d’un canal que inclou música, informació esportiva, tarot i
programació adreçada al col·lectiu d’origen sud americà resident a
3
Barcelona i que es finança amb publicitat, i que justament aquesta
legislació hauria de servir per separar unes emissores de les altres.
És evident que les funcions i els orígens d’aquestes dues emissores
que hem posat d’exemple no tenen res a veure. Dit això, i en el marc
de l’argument que plantegem, cap de les dues no ha de tenir accés a
un espectre extraordinàriament saturat des d’un punt de vista tècnic.
En els mercats més poblats, l’allau d’emissores que ocupen
l’espectre radioelèctric ha deixat de respectar els 400 kilocicles de
separació en el dial entre emissores, segons recomanacions de la
Unió Internacional de Telecomunicacions, principi bàsic i elemental
de la qualitat en la recepció del so radiofònic en freqüència
modulada.
És més, les expectatives que ha generat aquest Decret estan portant
a una ocupació il·legal encara més important en les darreres
setmanes, tal i com ens han reportat alguns associats nostres. És a
dir davant l’expectativa de regulació, s’ha instal·lat la sensació de
total impunitat i si les accions de les administracions fins ara eren poc
eficaces, ja podem avançar que a partir d’ara això empitjorarà.
Finalment, i per retornar a l’argument que l’administració té recursos
escassos per abordar noves regulacions que requeriran de control i
inspecció, voldríem preguntar, per exemple, quants ajuntaments de
Catalunya han completat el procediment concessional de les seves
emissores de ràdio?
4
Fa un any, en la Jornada Eines per a la ràdio local organitzada per la
federació de Ràdios locals, es va dir que, segons dades de la
Subdirecció general d’ordenació de l’espai de comunicació
audiovisual de Catalunya, de les 259 emissores municipals existents
a Catalunya, 186 no tenien completat els tràmits de legalització. És a
dir, el 72 per cent de la ràdio municipal pública de Catalunya estava
per legalitzar. Ens sembla paradoxal, quan aquí sí que la regulació té
més de vint anys. Encara hi ha, doncs, camí de gestió administrativa
per recórrer.
Però encara diria més. Gairebé cap emissora municipal de Catalunya
respecta allò previst al Capítol tercer de la Llei de Comunicació
Audiovisual de Catalunya sobre la gestió. Al seu article 33 s’hi diu
que “El ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari corresponent han
d’aprovar el reglament d’organització i funcionament del servei públic
audiovisual local”. Bé, doncs hi ha més de 250 nous expedients que
hauria d’instruir l’autoritat audiovisual competent.
En definitiva, ens toca preguntar a les administracions competents si
davant el panorama de gestió només d’aquests dos punts citats
anteriorment, hi ha recursos suficients per abordar una nova
regulació d’accés a l’espectre. I volem recordar que al gener la llei de
comunicació audiovisual compleix ja quatre anys de vigència.
En segon lloc, voldria posar l’accent en el nombre i les funcions de
servei públic de les ràdios públiques de Catalunya, companys,
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repeteixo que m’ha sorprès que no ens acompanyessin en aquesta
jornada.
L’espai audiovisual català és excedentari en freqüències del sector
públic, com evidencien les dades de l’informe de la ràdio. Catalunya
Ràdio. Catalunya Informació. Catalunya Música. ICAT FM. Radio 1
de RNE. Radio Clasica. Radio 3. Ràdio 4 y Radio 5 todo noticias.
COM Ràdio i totes les emissores municipals fins a sumar 548
freqüències.
Avui un 64 % de totes les freqüències utilitzades a Catalunya ho són
per part d’algun nivell de l’administració, estatal, de la Generalitat, o
municipal, en les seves variants d’explotació directament local o a
través de consorcis.
L’any 1998, a Catalunya hi havia 404 freqüències d’ús públic. Deu
anys després, la xifra ha augmentat un 40 % fins a arribar a les 565.
D’aquestes, 228 corresponen a les diferents programacions de
Catalunya Ràdio, 76 als diferents productes de RNE i 242 a
organismes de caràcter municipal o municipalista.
I la nostra pregunta és, quina és la funció de servei públic que fan
totes aquestes emissores públiques? Tenen sentit tantes
programacions de ràdio generalista redundants només perquè
pertanyen a administracions diferents? Tenen sentit consorcis
municipalistes per produir continguts generalistes? I les fórmules
musicals des de l’àmbit públic? Quants milers d’hores passen
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connectades a xarxes de contingut generalista les emissores
municipals? Quants milers d’hores dediquen les emissores
municipals a emetre música?
Se’ns escapa quina és la funció de servei públic que es porta a terme
en tots aquests casos i quin és el cost que té això per als ciutadans.
Hi ha qui xifra en més de cent milions d’euros a l’any aquest
desplegament de les ràdios públiques de tot ordre. Voldria repetir-ho
per si hi ha ocasió de contrastar-ho, el conjunt de ràdio pública que
opera a Catalunya ja ens deu costar cent milions d’euros a l’any.
És un cas excepcional a Europa que cada àmbit de l’administració
exploti el seu propi servei de radiodifusió sonora per ones mètriques
amb modulació de freqüència.
I tornem a la Llei 22/2005, de 29 de desembre de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya que sí que sembla definir quines han de
ser entre d’altres les funcions de servei públic tant de les emissores
de titularitat de la Generalitat com de les que ho són dins l’àmbit
municipal.
Segons l’article 26, són missions específiques del servei públic de
comunicació audiovisual de competència de la Generalitat
g) La promoció activa de la convivència cívica, el
desenvolupament plural i democràtic de la societat, el
7
coneixement i el respecte a les diverses opcions i manifestacions
polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al
territori de Catalunya. En aquest context és necessari l’ús de tots
els llenguatges, formats i discursos que dins el respecte i l’atenció
a la diversitat i el pluralisme, permetin el diàleg, la comprensió i la
cohesió entre les diverses opcions, i entre les diverses àrees del
territori de Catalunya.
i) El reforç de la identitat nacional com un procés integrador, en
evolució constant i obert a la diversitat.
j) El subministrament de continguts i serveis audiovisuals dirigits
als sectors més amplis i diversos de l’audiència, amb una atenció
especial als col·lectius més vulnerables, tot promovent el
coneixement, la influència i el prestigi del servei públic dins el
marc general de l’espai català de comunicació audiovisual.
l) L’afavoriment de l’accés dels ciutadans de Catalunya a la
formació, la difusió, el coneixement i la divulgació màxims dels
principals esdeveniments polítics, socials, econòmics, científics i
esportius de la societat de Catalunya i les seves arrels històriques,
preservant d’una manera especial la memòria històrica i el
patrimoni dels seus testimonis, i la promoció de les expressions i
manifestacions culturals més diverses, particularment de les
vinculades a l’ús dels mitjans audiovisuals.
I per a aquesta finalitat, se li reserven 228 freqüències.
8
Pel que fa al servei públic a les emissores municipals a l’article 32 de
la mateixa llei s’hi diu
1. El servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local
consisteix en l’oferta, mitjançant un sistema de distribució que
no requereixi l’ús de tecnologies d’accés condicional, d’un
conjunt de continguts audiovisuals i, si escau, d’acord amb el
contracte programa, de serveis addicionals de transmissió de
dades orientats a la satisfacció de les necessitats
democràtiques, socials, educatives i culturals dels ciutadans
que integren una comunitat local, en qualitat de membres
d’aquesta comunitat.
I pel que fa a la gestió
4. En la gestió del servei públic de comunicació audiovisual
d’àmbit local cal garantir, d’acord amb el contracte programa, la
participació dels grups socials i polítics més representatius dins
el territori corresponent, i també de les entitats sense ànim de
lucre del mateix territori, per mitjà de la seva integració en un
consell de naturalesa consultiva i assessora, i d’acord amb el
que estableixi el reglament d’organització i funcionament.
En l’esperit i la forma de tots dos articles, tant el que es refereix
a la missió de servei públic de les emissores de la Generalitat
com al que es refereix a la gestió i model de les emissores
municipals hi trobem els objectius d’aquest projecte de decret
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per regular l’accés a les ones de les emissores de les entitats
sense ànim de lucre.
L’Associació Catalana de Ràdio demana formalment la constitució
d’un consorci públic, format per totes les administracions amb gestió
d’emissores de ràdio, i la inclusió de les entitats representatives del
tercer sector per consensuar més enllà de partidismes la
racionalització de l’accés a l’espectre del sector públic, i l’eficiència
en l’ús dels recursos públic per donar compliment a tots els mandats
de servei públic.
Aquest creiem que és l’únic marc possible per a l’accés a les ones de
les entitats sense ànim de lucre.
Gràcies per la seva atenció.