El anuncio hecho público por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, de un anteproyecto de Ley de financiación de la Corporación RTVE, que traslada a las Televisiones privadas de cobertura estatal los ingresos publicitarios que hasta hoy forman parte de la financiación mixta de RTVE, pone en peligro el futuro del Servicio Público radiotelevisivo en nuestro país.
Hace menos de tres años que entró en vigor la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, como resultado de un trabajo intenso y arduo en el que se sentaron las bases de la nueva Corporación Radio Televisión Española y que contó con el respaldo unánime del Parlamento español. Un parto necesario y a la vez doloroso, que entre otras cosas ha supuesto una sustancial disminución de la plantilla del 40% tras la aprobación del ERE, pero que por primera vez en la historia garantizaba la existencia de una RTVE profesional, desgubernamentalizada, verdaderamente orientada a la gestión del servicio público audiovisual y económicamente viable.
De acuerdo con las propuestas del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado (el llamado “Comité de sabios”), la nueva CRTVE responde a una serie de principios básicos entre los que cabe destacar:
m Un sistema de financiación mixta que garantiza la gestión económica ordenada y viable, con una subvención pública dentro de los límites marcados por las normas y los criterios de transparencia y proporcionalidad que establece la Unión Europea y unos ingresos derivados de su actividad comercial sujetos a principios de mercado. Se establecía asimismo la posibilidad de incorporar limitaciones y reglas en materia de publicidad televisiva adicionales a las ya previstas por Ley para todos los operadores.
m Unos criterios de producción y programación orientados a la calidad, a la innovación y al interés general, así como la garantía del derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos.
m Un Consejo Asesor que, tras existir sólo en papel desde el año 80, se constituía finalmente en un órgano de participación de la sociedad en la gestión de la televisión pública, mediante la elaboración de informes perceptivos sobre diferentes materias.
La Ley establece para el cumplimiento de la misión de servicio público un mandato-marco, concretando los objetivos generales de dicha misión con una vigencia de nueve años, y un contrato-programa trienal que deben suscribir el Gobierno y la Corporación RTVE, fijando los objetivos específicos de servicio público a desarrollar; los medios presupuestarios necesarios; un sistema de contabilidad analítica que garantice la transparencia financiera y permita determinar el coste neto de las obligaciones de servicio público impuestas, y un control económico-financiero a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas. El mandato-marco ha sido ya aprobado por Las Cortes, y el primer contrato-programa está aún pendiente de aprobación a pesar de que debe aplicarse ya en 2009.
Pues bien, una vez establecido este marco de actuación tras muchos años de intentos baldíos, asistimos en estos días con sorpresa y desagrado a una sucesión de informaciones y declaraciones cuyo origen está en anuncios realizados desde el propio Gobierno, que vendrían a romper de forma abrupta el consenso y unanimidad alcanzados en la pasada Legislatura sobre el modelo de servicio público radiotelevisivo estatal en España, su estructura, misiones a prestar, órganos de gestión y administración y financiación. Una ruptura del consenso y unanimidad alcanzados, para beneficio de operadores de televisiones privadas.
Precisamente cuando la radio y la televisión de la nueva CRTVE han recuperado buena parte de su credibilidad perdida; cuando empiezan a ser percibidas por los ciudadanos como independientes y profesionalizas en sus decisiones, y liderando las audiencias en nuestro país, el mismo Gobierno que ha propiciado este proceso parece ahora propiciar su eliminación, amenazando su estabilidad financiera (y, por ende, su capacidad de cumplir la función de servicio público que le ha sido encomendada) al anunciar una “reducción drástica de la publicidad en TVE” e incluso su eliminación total, sin que simultáneamente se garanticen otras vías de ingresos que aseguren el sostenimiento a largo plazo y de forma estable de la actividad de la CRTVE en parámetros como los actuales.
En estos momentos, buena parte de los que podrían compensar con sus aportaciones la reducción de ingresos comerciales (operadores de cable y de telecomunicaciones, la industria de las TIC’s) se han apresurado ya a rechazar que se les obligue a tales aportaciones. Sólo las cadenas privadas callan pensando en los ingresos adicionales que les aportaría la retirada de TVE en el reparto de la tarta publicitaria, aunque es dudoso que vayan a mantener esa inicial disposición en el futuro. Tampoco parece razonable que en momentos de crisis se subvencione con cargo de los Presupuestos Generales del Estado la inversión integra necesaria para el mantenimiento de la radio y la televisión públicas, y otras alternativas como el canon a los usuarios parecen definitivamente descartadas.
Así las cosas, la eliminación de la publicidad en TVE, pone en riesgo la viabilidad y estabilidad financiera necesaria para la prestación del servicio público radiotelevisivo, así como la posibilidad de una oferta de calidad e interés general enmarcada en una concepción global de la función de servicio público. Además, abocaría nuestro panorama audiovisual a una mayor dependencia de anunciantes, espectadores e incluso canales públicos ante determinadas empresas de televisión privada, que a lo largo de los últimos años se han lucrado con beneficios y repartos de dividendos astronómicos pero que en poco o en nada han contribuido al desarrollo de la industria audiovisual y al empleo en nuestro país, además de detraer recursos al sector de las telecomunicaciones que sería deseable se destinasen al desarrollo de infraestructuras y servicios en España. En suma, se estaría consolidando una política audiovisual sesgada hacia los intereses particulares de los operadores privados a costa de poner en riesgo el que probablemente fue unos de los principales éxitos de la pasada Legislatura.
Por todo ello, las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes queremos llamar la atención del Gobierno y del conjunto de la ciudadanía a favor de la defensa del modelo de radio y televisión pública que nos dimos por unanimidad hace sólo tres años. Que supone la garantía de una oferta de innovadora, atractiva y de calidad, orientada al interés general y con vocación de audiencias amplias y cohesión social. Y que no puede ponerse en peligro por los intereses particulares de unos pocos que no representan en ningún caso ese interés general y que no prestan, ni podrán prestar, el servicio público que hoy reconocemos en la CRTVE y que la sociedad española necesita.
Por lo anterior rechazamos el anteproyecto de Ley en los términos anunciados por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, al hacer depender la financiación de RTVE de los operadores de televisión privada y operadores de telecomunicaciones ajenos, en este último caso, al mercado publicitario de la televisión comercial privada.
Por último queremos hacer llegar al Gobierno que como ya reclamábamos hace años, cada día se hace más apremiante una Ley General Audiovisual que nos de un marco global y coherente para el conjunto del sector de la radio y la televisión; pública y privada; comercial o de pago; comunitaria y de proximidad y para cualquier cobertura, fruto de un debate en profundidad y que permita el más amplio consenso de todos los sectores implicados en el audiovisual.
Mayo de 2009
