Primer debate sobre el Proyecto de Ley en el Congreso.
El Pleno debatió el pasado 3 de diciembre las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y por ERC-IU-ICV. Dichas enmiendas no salieron adelante.
También se ha acabado el plazo para presentación de enmiendas al artículado, que serán debatidas en las próximas semanas.
Discurso de la Vicepresidenta del Gobierno
Video Integro de la Intervención
Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.
Reforma y contrarreforma en la política de comunicación audiovisual del Gobierno de Rodríguez Zapatero
Texto completo de la Declaración de ULEPICC
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, presentado en el Consejo de Ministros el pasado 16 de octubre y que ha iniciado su tramitación parlamentaria, presenta algunas virtudes innegables respecto a la situación actual, pero también representa, si no se modifica, un punto sin retorno en el proceso de alejamiento de la ciudadanía de la política comunicativa socialista y de su adaptación a los intereses de los grupos empresariales de comunicación.
En efecto es un proyecto desregulador, liberal y animador de incontrolables procesos de concentración entre empresas fuertes. Al mismo tiempo es poco garantista del derecho a una comunicación de calidad de la ciudadanía. De hecho, el proyecto en su redacción actual, supone una ruptura con criterios elementales de la tradición progresista como son el concepto y la práctica del servicio público, el pluralismo con limitación de la concentración empresarial, las obligaciones mínimas para todos los operadores que garanticen el preferente rol social de la comunicación sin perjuicio de que también sea un mercado.
Se produce una auténtica regresión en el tratamiento de las estaciones de radio y televisión comunitarias en comparación con el borrador anterior que diferenciaba dos figuras en dos artículos: las comunitarias de difusión y las de proximidad. Se desatiende además la Resolución del Parlamento Europeo (2008) que resaltaba la función social del “tercer sector” de la comunicación y que aquí no es contemplado como tal. Ahora concurrirían como uno más al mercado de licencias, sin reservas ni preferencias pero con más cargas. Si lograran la licencia estarían lastrados para sobrevivir por el requisito de no poder acceder a “ningún tipo de comunicación audiovisual comercial” (o sea ni patrocinio) así como por otro límite a su desarrollo: sus gastos de explotación no podrán sobrepasar los 100.000 euros anuales. De existir operadores de radiodifusión comunitarios, se les instala además en la insultante sospecha no aplicada a otros operadores: justificar la precedencia de sus fondos. En América Latina -las recientes leyes de Argentina (2009) o Uruguay (2007), por ejemplo- hay un tratamiento mucho más progresista de los medios comunitarios.
En resumen, las últimas decisiones del Gobierno en materia audiovisual van en dirección contraria al pluralismo. Anuncian el apoyo público a un proceso de concentración de pocos operadores con escasa diversidad de contenidos y pocos servicios interactivos. Penalizan la comunicación de proximidad y comunitaria. Minimizan el rol del Consejo Audiovisual. Y abandonan toda la filosofía basada en el usuario y ciudadano para convertir el ámbito comunicativo en un mero mercado.
Propuesta: Por ello, proponemos que se retire el proyecto de ley general hasta un debate social digno de tal nombre, y que sólo se contemple una Ley que incluya tres temas: la transposición de la última Directiva Europea, un Título relativo a los derechos del público para evitar un apagón analógico sin obligaciones de los operadores y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, eso sí con competencias reguladoras y sancionadoras plenas.
Luis A. Albornoz y Ramón Zallo, profesores universitarios de Comunicación y presidentes -internacional y de la sección de España- de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).
El Foro de Organizaciones de Periodistas pide a los grupos parlamentarios que acepten sus propuestas y modifiquen el proyecto de ley presentado por el Gobierno. El proyecto liberaliza todo el mercado audiovisual, deja la puerta abierta a la privatización de las televisiones públicas y otorga el derecho de autorregulación del sector privado.
Las organizaciones que componen el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) consideran imprescindible que se modifique la actual redacción del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en toda España, dejando la vía libre a la privatización de las cadenas de titularidad pública. El FOP ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar el proyecto.
La transposición obligatoria de la normativa europea en este ámbito permite legislar con la mirada puesta en el servicio público esencial que deben de tener los medios de comunicación, pero el gobierno ha optado por liberalizar todo el mercado, asegurando los intereses de los empresarios privados de la comunicación y desestabilizando tanto al sector de titularidad pública como al privado, fundamentalmente en cuanto a infraestructuras, plantillas y producción propia.
Otra de las concesiones a los empresarios de la comunicación es que se les otorga el “derecho a la autorregulación”, fórmula que se ha demostrado ineficaz durante años y que deja prácticamente indefensos a los usuarios, receptores de la comunicación. Podría haberse apostado, si no por la regulación completa, si por la corregulación, que funciona en otros países de la Unión Europea.
El FOP confía en que los grupos parlamentarios estudien y acepten las propuestas enviadas por este grupo, que aglutina a las organizaciones de periodistas más representativas del Estado español.
Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)
http://www.foroperiodistas.com/
Texto de las Consideraciones del FOP al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
http://www.xornalistas.com/mediateca/documentos/leyaudiovisualfop.pdf
Estado español: mínimas garantías para los medios comunitarios
A falta de completar el trámite parlamentario, la nueva legislación sólo contenta a las asociaciones de televisiones y radios comerciales.
Javier García
Lunes 2 de noviembre de 2009.
Número 112. Periódico Diagonal
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre y remitido posteriormente al Congreso, es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, según argumentos gubernamentales.
Sin embargo, desde sindicatos hasta organizaciones empresariales critican el hecho de que el Gobierno no ha contado con su opinión, ni ha facilitado información sobre el contenido de la ley hasta su definitiva aprobación. Los presidentes de los Consejos Audiovisuales de Catalunya, Andalucía y Navarra han lamentado la escasa transparencia y participación con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos.
Mientras la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y la Asociación Española de Radios Comerciales (AERC) han mostrado su satisfacción por el contenido de la ley y piden que no se modifique durante la tramitación parlamentaria.
La ley avanza hacia la liberalización del sector audiovisual y establece las nuevas reglas del juego. Para las organizaciones de consumidores la ley ofrece mayor impunidad a las cadenas, y los sindicatos temen la privatización de las radiotelevisiones autonómicas.
Como novedades, el proyecto de ley recoge la creación de un Consejo Audiovisual independiente, aunque con competencias muy recortadas, y la existencia de emisoras comunitarias. La Red de Medios Comunitarios critica que la ley no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios, además de imponerles restricciones y exigencias de las que están exentas las comerciales.
Además, la ley llega tarde, ya que la Comisión Europea exige que los Estados miembros adapten su legislación antes del 19 de diciembre a la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales. Mientras, en los grandes medios de comunicación destacan que la ley prohíbe la pornografía.
Las televisiones privadas hacen ‘lobby’ para reducir su aportación al cine español.
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/televisiones-privadas-lobby-cine-espanol.html
Las televisiones privadas no dan todavía por cerrada la Ley General Audiovisual y buscan en el Congreso cambios de última hora para recortar su aportación al cine español. Según explican a El Confidencial fuentes parlamentarias, representantes de Uteca –que agrupa a las cadenas- ya se han reunido con grupos políticos en la Cámara para convencerles de la necesidad de retocar la norma vía enmiendas. La idea de Uteca es que de la facturación que las televisiones deben destinar a financiar producción audiovisual, sólo la mitad tenga que ir exclusivamente al cine español. Según la redacción actual, la dotación llegaría a un 60%.
EHS apoya la nueva Ley General Audiovisual
http://www.cineytele.com/noticia.php?nid=28034
EHS TV ha querido abrir un debate público en torno a la nueva Ley General Audiovisual aprobada el pasado mes de octubre. La compañía, un referente en comercio televisivo y electrónico en nuestro país, encuentra en la Ley General de Comunicación Audiovisual un ‘vehículo eficaz’ para el desarrollo de un modelo de negocio ’sin abusos y de futuro, que avance hacia la televisión 2.0′.
TELESPECTADORES Y ANUNCIANTES LANZAN UN MANIFIESTO CONTRA LA LEY AUDIOVISUAL
Porque eleva la saturación publicitaria
04/11/2009 SERVIMEDIA
Quince organizaciones de telespectadores y anunciantes, integradas en la Plataforma “Con un máximo de 12 minutos de publicidad en televisión ganamos todos”, han elaborado un manifiesto contra la saturación de anuncios en la pequeña pantalla que permite el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que ha aprobado el Gobierno.
El proyecto establece en su artículo 14 un máximo de 12 minutos por hora de publicidad convencional, a los que se pueden sumar otros 5 de autopromoción y 12 de telepromociones (en lugar de los cinco actuales). En total, un tope de 29 minutos permitidos de anuncios de distinto signo que la AUC y la plataforma rechazan, lo mismo que hizo el Consejo de Estado en su dictamen al anteproyecto, en el que se mostraba a favor de que las telepromociones cuenten dentro de los 12 minutos de publicidad convencional.
El manifiesto, que estas asociaciones presentarán mañana en un acto, lleva como lema “Ni un minuto más. 12 minutos comunican, 29 perjudican”.
En opinión de estos colectivos, esos 29 minutos son un engorro para el ciudadano porque “se duplica la actual saturación publicitaria”, y también perjudican a las empresas, “que se encuentran con un consumidor cansado y saturado, inmerso en un ruido publicitario que hace que sus mensajes pierdan eficacia”. Por eso, lamentan que el proyecto haya desoído en este punto al Consejo de Estado y que vaya “contra el espíritu de la directiva europea de Televisión sin fronteras”.
La plataforma promotora del manifiesto está integrada, entre otras, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la Asociación Española de Agencias de Publicidad (Aeap), la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (Aefj) y la Asociación Española de Perfumería, Cosmética y Afines (Stanpa).
Con la tramitación de la Ley Audiovisual vuelve a estar de actualidad la situación del dial y la existencia de muchos medios que operan sin licencia. Pero cada cual mete en el saco de las “emisoras piratas” lo que considera.
El periodico La Razón publicaba recientemente un reportaje, Piratas de las ondas.
En dicho artículo el Secretario General de la Asociación de Radios Comerciales (AERC) habla sobre la Ley Audiovisual y hace la siguiente referencia a las emisoras comunitarias.
Las comunitarias podrían ser legales con la nueva Ley. La otra vía que les queda para solucionar el conflicto a las emisoras legales, la aprobación definitiva de la nueva Ley Audiovisual, puede que, al menos de momento, sólo sirva para aclarar conceptos y precisar las multas. Las grandes beneficiadas, a priori, serían las radios comunitarias. Como señala Ruiz de Assin, éstas no entrarían dentro de la ilegalidad en la que hoy se encuentran: «En la actualidad, son piratas, aunque a ellos les gusta llamarse alegales, pero las que sólo sirvan a la comunidad en un barrio dejarán de serlo y por nuestra parte no habrá problema. No así las que tengan una vocación claramente pirata y comercial». Eso sí, la nueva Ley, como mínimo, parece que podría demorarse, hasta su entrada en vigor, como mínimo hasta casi el verano de 2010.
Pero lo que no cuenta el representante de la AERC es que las cadenas de radio de esta asaociación tambien recurren a “emisoras ilegales” para hacer llegar su señal a todos los territorios.
Por su parte Radio públicas y privadas en Cataluña han presentado este martes un “Manifiesto unitario contra la piratería en la radio y la televisión” que reclama “un cambio normativo urgente que permita a las administraciones actuar con firmeza y contundencia”. La iniciativa se produce después de la irrupción de la nueva emisora de Federico Jiménez Losanots, esRadio, en Barcelona a través de una frequència que el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al propietario de los terrenos donde está la antena que remite la señal de EsRadio que la desmonte.
Las agencias de prensa y periodicos como el Mundo se hicieron eco de la noticia aunque sin hacer referencias a la emisora de radio promovida por Libertad Digital y el grupo Unedisa (El Mundo).
EsRadio, la emisora promovida por Jimenez Losantos está intentando lograr cobertura a nivel estatal, a pesar de que sólo ha obtenido una adjudicación en la ciudad de Madrid. El resto de emisoras que emiten la señal de EsRadio carece de licencia. De hecho la emisora funciona sin la necesaria autorización, ya que aunque han obtenido la licencia la emisora no cuenta con el permiso para emitir ya que tiene pendiente presentar el proyecto técnico antes de obtener la concesión.
Mínimas garantías para los medios comunitarios.
A falta de completar el trámite parlamentario, la nueva legislación sólo contenta a las asociaciones de televisiones y radios comerciales.
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre y remitido posteriormente al Congreso, es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, según argumentos gubernamentales.
Sin embargo, desde sindicatos hasta organizaciones empresariales critican el hecho de que el Gobierno no ha contado con su opinión, ni ha facilitado información sobre el contenido de la ley hasta su definitiva aprobación. Los presidentes de los Consejos Audiovisuales de Catalunya, Andalucía y Navarra han lamentado la escasa transparencia y participación con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos.
Mientras la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y la Asociación Española de Radios Comerciales (AERC) han mostrado su satisfacción por el contenido de la ley y piden que no se modifique durante la tramitación parlamentaria.
La ley avanza hacia la liberalización del sector audiovisual y establece las nuevas reglas del juego. Para las organizaciones de consumidores la ley ofrece mayor impunidad a las cadenas, y los sindicatos temen la privatización de las radiotelevisiones autonómicas.
Como novedades, el proyecto de ley recoge la creación de un Consejo Audiovisual independiente, aunque con competencias muy recortadas, y la existencia de emisoras comunitarias. La Red de Medios Comunitarios critica que la ley no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios, además de imponerles restricciones y exigencias de las que están exentas las comerciales.
Además, la ley llega tarde, ya que la Comisión Europea exige que los Estados miembros adapten su legislación antes del 19 de diciembre a la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales. Mientras, en los grandes medios de comunicación destacan que la ley prohíbe la pornografía.
Javier García
Lunes 2 de noviembre de 2009. Número 112
Por la defensa del servicio público en la Ley General de la Comunicación Audiovisual
CCOO y UGT consideramos que la sociedad española se encuentra en un momento clave para la definición de su modelo de servicio público audiovisual.
De las decisiones que ahora se adopten dependerá la posibilidad de contar o no en el futuro con unos medios de comunicación al servicio de la ciudadanía y que fomenten personas libres, críticas e interactivas con los propios medios.
Por eso, apostamos por una Ley General de la Comunicación Audiovisual que establezca un modelo de servicio público que debe incluir necesariamente tanto a las radio televisiones de titularidad pública como a los operadores privados.
• En este sentido, la ley deberá obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación en concurso público de las concesiones a operadores privados, respecto a infraestructura, plantillas y producción propia.
Entendemos que el servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial para la comunidad y para la cohesión social , que tiene como función principal producir y difundir los contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales inspirados por la veracidad, la relevancia, el derecho de acceso y la imparcialidad de las informaciones; el respeto al pluralismo político, religioso, cultural y lingüístico; la protección de la juventud y la infancia; la promoción y el fomento de todas las lenguas del Estado, la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado cuarto del artículo 20 de la Constitución Española, así como el respeto a los valores de igualdad recogidos en su artículo 14.
En ese contexto, UGT y CCOO defendemos unas radiotelevisiones públicas:
• Fuertes, independientes, de calidad y tecnológicamente solventes, con medios técnicos y humanos propios y adecuados a los objetivos y obligaciones de servicio público.
• Que cuenten con un modelo de gestión pública directa, eficiente y basado en la independencia política, en la estabilidad y autonomía económica, con una financiación pública que permita el cumplimiento de sus objetivos en consonancia al nuevo entorno digital y con una oferta atractiva, innovadora y de calidad dirigida a grandes segmentos de la población y justificada por su rentabilidad social.
• Que cumplan un papel estratégico en el desarrollo de las identidades nacionales y sus culturas.
• Que participen activamente en el desarrollo de la radio y televisión digital con una aportación significativa de servicios y contenidos a través de todas las redes y formatos disponibles, permitiendo el acceso universal de la ciudadanía a una oferta de interés multimedia e interactiva tanto generalista como especializada.
• Que las radiotelevisiones públicas, autonómicas y estatal, configuren un mapa único de prestación de servicio público audiovisual.
Por todo ello, llamamos a la ciudadanía a manifestar su apoyo a la defensa del servicio público en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
29 de octubre de 2009
Fuente: http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio:66847
Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
En el Estado español el Gobierno acaba de aprobar el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta Ley junto con la creación de una Autoridad Audiovisual independiente eran dos de las promesas electorales del Partido Socialista cuando accedió al gobierno en 2004. Sin embargo, han sido necesarios más de 5 años para que el gobierno presentara ante el Parlamento un proyecto de Ley. Una tramitación de la que también está pendiente la Comisión Europea ya que la Directiva de Servicios Audiovisuales aprobada en 2007 debe ser aplicada en la normativa de los estados de la Unión Europea antes del 9 de diciembre.
Según el gobierno el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, que viene desarrollando el Gobierno a lo largo de los últimos años. Sin embargo, muchas organizaciones, desde sindicatos hasta organizaciones empresariales critican el hecho de que el Gobierno no ha contado con su opinión, ni ha facilitado información sobre el contenido de la ley.
Como novedades de la ley, además de la creación del Consejo de Medios Audiovisuales, el proyecto recoge la existencia de emisoras comunitarias: Pero, desde la Red de Medios Comunitarios critican que la ley no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios ciudadanos, sin ánimo de lucro, al establecerse restricciones y exigencias que no se hacen a las emisoras comerciales.
Por la defensa del servicio público, el empleo de calidad y en contra de la privatización de las radios y televisiones públicas
UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.
CCOO y UGT quieren modificar el proyecto de ley.
UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.
La ley deberá obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación en concurso público de las concesiones, respecto a infraestructura, plantillas y producción propia.
Ambos sindicatos reclaman el mantenimiento de la actual doctrina relativa al servicio público esencial audiovisual, tanto para operadores públicos como privados.
UGT y CCOO consideran imprescindible que el proyecto de ley garantice el mantenimiento del empleo estable y de calidad en el sector, conservando dentro de la actividad ordinaria de las corporaciones públicas, los programas informativos y aquellos que expresamente determinen los Mandatos Marco aprobados en cada parlamento territorial, sin posibilidad de recurso a modalidades de subcontratación. De igual manera la nueva ley deberá incorporar la actual regulación dispuesta en la vigente Ley de Televisión Privada relativa a los medios propios necesarios para el desarrollo de la actividad
CCOO y UGT destacan que el Estado no puede limitarse a dejar en manos de las comunidades autónomas el futuro de los medios de comunicación tal y como hace en este proyecto de Ley Audiovisual, renunciando así a ejercer su competencia exclusiva, en el establecimiento de la normativa básica de todos los medios de comunicación social, competencia que establece el artículo 149 de la Constitución Española.
Los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y relevante, tal y como recogen la Constitución Española y la Directiva 2007/65 de la Unión Europea. Y esto no será posible si la futura Ley Audiovisual deroga el concepto actual de Servicio Público esencial. La pluralidad informativa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo están en juego.