El artículo 32 impone una restricción en la gestión de los meidos comunitarios. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.
¿es esta disposición contraria al Derecho de Asociación?
¿respeta la libertad de organización de las asociaciones?
Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación.
Nuestra Constitución … define define, en su artículo 22, los principios comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio… el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución.. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema…. preceptos de la Ley considerados como elementos esenciales del contenido del derecho de asociación, en la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias exteriores.
Artículo 4. Relaciones con la Administración. 1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades de interés general. 2. La Administración no podrá adoptar medidas preventivas o suspensivas que interfieran en la vida interna de las asociaciones.
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doctrina constitucional recaída en esta materia, señaladamente las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/1996, de 16 de enero, 67/1985, de 24 de mayo, 115/1987, de 7 de julio, 244/1991, de 16 de diciembre, 218/1988, de 22 de noviembre, 291/1993, de 18 de octubre y 173/1998, de 23 de julio.
Web Congreso sobre CE
La libertad de asociarse implica, por tanto, la facultad de autoorganización (STC 218/1988, de 22 de noviembre) que se convierte en límite del control judicial sobre la vida interna de la asociación (STC 56/1995, de 6 de marzo).
STC 135/2006: Respecto de la libertad de organización de las asociaciones, la STC 218/1988, de 22 de noviembre, —dictada en un supuesto que guarda similitud con el del presente recurso de amparo— reiteraba que el derecho de asociación reconocido en el art. 22 CE comprende no sólo el derecho a asociarse, “sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo”.
En STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ. 7 sintetizamos la doctrina sobre el derecho de asociación, diciendo que “el Tribunal ha venido destacando que el contenido fundamental de ese derecho se manifiesta en tres dimensiones o facetas complementarias: la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; y, finalmente, la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas.
STC 104/1999. FJ3
Deslindado de tal manera el ámbito de este litigio,conviene comenzar el discurso recordando nuestra doctrina principal sobre el derecho de asociación, pues a los limitados efectos que aquí interesan no parece necesario reiterar la ya abundante jurisprudencia constitucional sobre tal derecho, que está configurado, así, como una de las libertades públicas capitales de la persona, al asentarse justamente como presupuesto en la libertad, viene a garantizar un ámbito de autonomía personal, y, por tanto, también el ejercicio con pleno poder de autodeterminación de las facultades que componen esa específica manifestación de la libertad (STC 244/1991). Este lugar destacado de la libertad de asociación es también un componente esencial de las democracias pluralistas, pues sin ella no parece viable en nuestros días un sistema tal, del que resulta, en definitiva, uno de sus elementos estructurales como ingrediente del Estado Social de Derecho, que configura nuestra Constitución y, por su propia naturaleza, repele cualquier interferencia de los poderes públicos (STC 56/1995).
“derecho de asociación como elemento integrante de su derecho de autorregulación”
Por su parte el Codigo Civil indica
Artículo 35.
Son personas jurídicas: 1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
2. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
Artículo 36. Las asociaciones a que se refiere el número 2 del artículo anterior se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.
Artículo 37. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.
Artículo 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.
Por su parte la regulación de Sindicatos…en un sistema de libertad sindical es importante fijar el sistema por el cual el sindicato adquiere personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin que en consecuencia en este mecanismo se puedan insertar intervenciones lesivas de la autonomía sindical. En nuestro ordenamiento, el art. 4 LOL5 establece el procedimiento de depósito de los estatutos seguidos de publicidad de los mismos como mecanismo normal para que el sindicato nazca a la vida jurídica como tal asociación. La norma garantiza expresamente la no injerencia patronal y prohibe cualquier intervención de los poderes públicos que restrinja o condicione este derecho de fundación. Se prohibe así “la interferencia pública, la indebida intromisión estatal en el funcionamiento del sindicato, coartando, condicionando o controlando de cualquier forma su libertad de organizarse y de formular su programa de acción” (4).
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 11 de Julio de 2003
En el derecho a la libertad sindical está implícita la exigencia de igualdad entre los diferentes sindicatos y la prohibición de injerencia de los poderes públicos a efectos de no alterar con su intervención la libertad e igualdad en el ejercicio de su actividad sindical y consiguientemente, en el caso que enjuiciamos no se puede excluir a las entidades sindicales minoritariamente representativas para participar en las subvenciones públicas para la financiación de planes de formación continua
Dictamen 1045/2001 Consejo de Estado
I.- El derecho de asociación contemplado por el artículo 11 del Convenio de Roma de Derechos Humanos de 1950.
3. En los términos del Convenio, el derecho, o mejor, la libertad de asociación es un “derecho fundamental de toda sociedad democrática” y, propiamente uno de los “pilares de dicha sociedad” (informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el procedimiento 8191/78), consistiendo en la “capacidad de los ciudadanos para, sin interferencia del Estado, unirse en asociaciones dirigidas al logro de diversos fines” (informe de la Comisión en el procedimiento 6094/73).. y la eventual responsabilidad del Estado (por lesión del Convenio) de no garantizar esa libertad en el interior de la asociación (informe de la Comisión de 27 de mayo de 1974)
5. Cuando se está ante una posible iniciativa legislativa para abordar el desarrollo de esta libertad pública y derecho fundamental, debe tenerse ante todo a la vista esta perspectiva. El derecho de asociación y su ejercicio discurren por cauces distintos de aquellos por los que se expresa la forma pública de actuación estatal. Tanto sirve a los intereses generales aquél como ésta. Y en cuanto tal, y para hacer patente el valor de la libertad civil en una sociedad democrática, ha de preservarse aquel derecho. Ello supone, una vez definido su contenido esencial y establecido el límite negativo, que toda regulación que no venga referida a ese ámbito de fijación de restricciones dentro de lo autorizado habrá de ser examinada como una posible interferencia del Estado, que deberá estar justificada precisamente para la garantía, el fomento y la preservación del derecho, sino fundada en las limitaciones admitidas, o responder a los fines del derecho.
La regulación contenida en la Ley de Asociaciones de 1964 (llevada a cabo en un contexto político no democrático) …presupone un recelo hacia la libertad de asociación que somete a un fuerte intervencionismo, control y modulación estatal. Tanto dicha Ley como su desarrollo reglamentario vienen inspirados por idéntica finalidad, y representan, por lo tanto, un conjunto normativo cuyo objeto y fin es incompatible con el derecho fundamental de asociación.
… debe siempre tenerse presente que se está ante uno de los pilares de la sociedad democrática que es España