Gobierno impulsa una nueva ley de comunicaciones: evitar monopolios
Apela a defensa de libertad de expresión y nuevas reglas de juego
Gustavo Gómez actual Director Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay (DINATEL) y durante años responsable del Programa de Legislación y Derechoa la Comunicación de AMARC-ALC fue quien ha elaborado el documento en el que se basa este reforma.
Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión.
Editorial del Diario El Pais de Uruguay con criticas al proceso.
http://www3.elpais.com.uy/100809/predit-507075/editorialdeldia/un-proyecto-a-vigilar
EDITORIAL
Un proyecto a vigilar
El Poder Ejecutivo está promoviendo, con una publicidad que debe destacarse, una renovación y reforma de la ley de radiodifusión en el Uruguay. Esa publicidad facilita seguir con la atención que se merece el eventual alcance de las reformas, ya que la materia de que trata es muy importante para la libertad de expresión del pensamiento y teniendo en cuenta que los antecedentes en esa área no son precisamente recomendables.
Es obvia la importancia del tema en un régimen democrático y ocioso insistir sobre su alcance, sin que pueda decirse lo mismo sobre la manera en que el Partido de gobierno lo ha manejado en el pasado. Y ahí se encuentra precisamente uno de los temores sobre cuál puede ser el resultado de este nuevo emprendimiento. En ese sentido no puede olvidarse que cuando las radios ilegales empezaron a proliferar en el territorio nacional, amparadas tras la semántica investidura de “radios comunitarias”, al gobierno no se le ocurrió mejor solución -en vez de obligarlas a que cumplieran con la legislación vigente igual que las demás- que la de promover una ley especial para legalizarlas. Para ello contaron con la bendición del Ielsur, el Isode, la APU, Amarc y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, ignorando aquel viejo y sabio principio según el cual, la mona, aunque se vista de seda, sigue siendo una mona.
Con ese antecedente, y sin prejuicios, debe seguirse con atención, el manejo de una temática con respecto a la cual ya se ha adelantado que la diversidad y el pluralismo de los medios requiere un papel protagónico y activo del Estado -¿o del gobierno?- para garantizarlos. Lo que sería inocente en otras manos pero no lo es tanto en manos de un gobierno sectario y dogmático, como ha demostrado serlo el actual, que además se ha caracterizado por invadir, con lentitud pero con tenacidad, la privacidad de los ciudadanos, ya sea a través de una Central de Información de créditos del Banco Central; de proyectos de reforma tributaria o de acciones concretas de la Dirección General Impositiva que se habría largado ante los importadores de automóviles, para averiguar quienes se han comprado autos cero kilómetro o ante las inmobiliarias, para verificar compras o arrendamientos de inmuebles y donde no han quedado al margen ni los modestos porteros de los edificios de Punta del Este, víctimas también de una requisitoria sobre los alquileres del verano.
Con la gran diferencia de que en este caso lo que se está manejando es el otorgamiento de las frecuencias; la determinación de un mínimo de programación local y exigencias de contenidos de programación, reivindicando aquí también la “participación ciudadana”; servir el interés general (¿) contemplar los derechos de niños, adolescentes y personas con capacidad diferente y la facultad de “proponer” producciones de calidad, así como mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para el control de su actuación y donde no está ausente la creación de una Dirección Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual y un Consejo Consultivo.
Tranquiliza un poco el que se haya establecido un Comité Técnico Consultivo para analizar el nuevo texto, donde están representados tanto el sector público como el privado, que ya está funcionando y que entre los papeles de trabajo se esté considerando la reciente ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en España el 31 de marzo pasado -con un sólido Preámbulo, sesenta artículos y numerosos aditivos-, así como el régimen chileno y Directivas de la Unión Europea.
Partiendo del principio según el cual el espectro radioeléctrico es patrimonio de la Humanidad y por lo tanto de todos y de una realidad que no puede ignorar los adelantos tecnológicos, se justifica la disponibilidad de una nueva ley; pero no de cualquiera, siendo de esperar que las soluciones a que se arribe se ajusten a la importancia e independencia del instrumento que se pretende regular.
http://www.elpais.com.uy/101004/pnacio-519489/nacional/ley-de-medios-sesga-otorgamiento-de-licencias-advierten-los-privados
Avanzan en aportes para ley de “servicios de comunicación”
octubre2010.
Este viernes se presentaron los avances en el trabajo del Comité Técnico Consultivo, creado para elaborar aportes para la redacción de una ley de servicios de comunicación audiovisual. El presidente, Gabriel Kaplún, destacó que hay acuerdos en varios puntos y que las principales diferencias se dan en cuanto a las concesiones y sus plazos.
http://www.180.com.uy/articulo/14631_Avanzan-en-aportes-para-ley-de-servicios-de-comunicacion
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/433610-organizaciones-proponen-16-principios-para-una-comunicacion-democratica
Organizaciones proponen “16 principios para una comunicación democrática”
Treinta organizaciones de la sociedad civil conforman la Coalición por una Comunicación Democrática, que presentará hoy 16 principios que buscan integrar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluyen limitaciones en la concentración de los medios y la promoción de la producción nacional e independiente, entre otros puntos.
Medios. Exigen que sean independientes de cualquier presión y responsables ante el público.
Medios. Exigen que sean independientes de cualquier presión y responsables ante el público.
La Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por 30 organizaciones de la sociedad civil, presentará hoy los 16 principios para una comunicación democrática que, a su juicio, deben ser incorporados a la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El evento será en la sala Acuña de Figueroa del Edificio de las Comisiones del Poder Legislativo, a la hora 11.00.
Los cometidos de la coalición son que “los ciudadanos puedan opinar y participar del proceso de democratización del espacio que ocupan los medios de comunicación”, en busca de “más derechos, más diversidad y más democracia”. Para ello, se basan en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Los 16 principios
1. El primero de estos principios es el “Respeto a los derechos humanos”. “Cualquier iniciativa de democratización de los medios de comunicación debe guiarse por el respeto a los derechos humanos”, para “garantizar y promover la libertad de expresión, el derecho de acceder y de emitir información, y el derecho de acceder y de producir cultura” para “todos los ciudadanos sin exclusión”.
2. Además, proponen el “Rol democratizador del Estado”, que “protagoniza la implementación de políticas públicas para una comunicación democrática pero se mantiene al margen de cualquier intención de establecer modelos, de determinar qué información puede o no hacerse pública”. Aclaran que “el Estado no tendrá potestad de imponer ningún tipo de censura, como tampoco lo tendrá ningún grupo humano o económico”.
3. Según la coalición, “el espectro radioeléctrico (que hace posible las comunicaciones de radio y televisión) es un bien público”, tal como establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. “Por lo tanto (…) las ondas electromagnéticas que surcan la atmósfera son de todos y de nadie, el Estado sólo arbitra”, afirman.
4. Como cuarto punto, piden la “Convivencia equitativa de tres tipos de medios de comunicación”, entre los que incluyen los comerciales, los públicos y los comunitarios.
5. Asimismo, reclamarán “Autoridades con autonomía del poder político y los gobiernos”, que garanticen “estabilidad, competencia e imparcialidad a la hora de administrar”, para “intermediar entre los derechos ciudadanos y los medios de comunicación”.
6. La coalición considera indispensable la “Independencia de los medios y de los trabajadores”, para desempeñarse con libertad y “a salvo de cualquier intento de presión de organismo público o privado alguno”.
7. En séptimo lugar, solicitan “Diversidad y pluralidad”, ya que “una comunicación democrática promueve y asegura el acceso a los medios a los más diversos grupos sociales que conforman la sociedad”, “fomenta la equidad entre hombres y mujeres, el respeto a las diferencias étnicas y religiosas, y a las opciones sexuales”.
8. En la lista también se incluye la “Protección e integración de los más vulnerables”, en particular para las minorías, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes.
9. Asimismo, se pide “Participación y control ciudadano” para certificar “que se cumplan las orientaciones y metas que la sociedad estableció en la asignación y explotación de las frecuencias”.
10. Proponen, como décimo punto, la creación de la figura del “Ombudsman o defensoría de las audiencias” para recoger y canalizar “las preocupaciones de los telespectadores y radioescuchas ante los excesos de los medios sometidos exclusivamente a criterios de mercado, y también frente a los abusos de los poderes públicos”.
11. En el mismo sentido, reclaman “Códigos de ética e información a la vista del ciudadano”, ya que “la autorregulación supone una vía para que los medios de comunicación, periodistas y empresarios ejerzan su libertad de expresión con responsabilidad”. Los medios “deberán poner a disposición del público información sobre la línea editorial y orientación del medio, el manual de ética periodística y publicitaria, e información acerca de la empresa, sus propietarios y sus trabajadores”, añaden.
12. La Coalición también impulsa la “Asignación de frecuencias de radio y televisión por concurso”. En este sentido, consideran que “deben establecerse plazos para la explotación de las frecuencias asignadas por parte de los particulares, terminado el cual se vuelva a licitar la frecuencia”.
13. Precisamente, también consideran necesario poner “Límites a la concentración de la propiedad”, ya que “la concentración de la propiedad de los medios”, en su opinión, “coloca en riesgo a la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, y supone limitaciones a la diversidad y el pluralismo”.
14. También se establecen “Límites a la titularidad de frecuencias”, lo que implica que “no podrán ser titulares de frecuencias de radio y televisión personas que ocupen cargos en los poderes ejecutivo y legislativo, nacional y departamental, integrantes de las Fuerzas Armadas” o “comprobados violadores de los derechos humanos por causas judiciales”.
15. El penúltimo punto propuesto consiste en la “Promoción de la producción nacional, local e independiente”.
16. Finalmente, la Coalición considera que se debe asegurar “Medios de comunicación públicos, independientes del gobierno”. Consideran que no son “del Estado o de los gobiernos”, por lo que “deben situarse en la órbita del derecho público, con estatutos que le aseguren financiación sustentable y regida a partir de organismos independientes del gobierno”. Además, deben llegar a todos los habitantes del territorio.
1) GUSTAVO GÓMEZ: “EN EL OTORGAMIENTO DE UNA FRECUENCIA NO DEBE HABER NI DISCRIMINACIÓN NI ABUSO”
Ecos Regionales - 07 de diciembre 2010
El Director de Telecomunicaciones Gustavo Gómez concretó su visita a Trinidad para informar a los medios y a los demás interesados, sobre el próximo llamado a nuevas radios comunitarias y los criterios de adjudicación, y acerca de la regularización de la situación actual.
En conferencia de prensa realizada en la sala de bancada “Liber Seregni” del Frente Amplio en la sede de la Junta Departamental, Gustavo Gómez –acompañado del diputado Guzmán Pedreira y equipo de secretaría- explicó que DINATEL es el organismo encargado de diseñar e instrumentar las políticas públicas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
“Esta visita en particular es por dos o tres temas que estamos trabajando desde la dirección; uno tiene que ver con una nueva ley de radio y televisión para el país, el segundo cuáles son las necesidades comunitarias del departamento y por eso nos reunimos con el diputado Pedreira y con el Intendente, para ver cómo podemos articular lo que son las políticas nacionales con las necesidades del departamento de Flores. Un tercer aspecto tiene que ver con la culminación de un proceso de reconocimiento y regularización de los medios comunitarios del país, que va a comenzar en los departamentos de Flores y Durazno, para lo cual hay novedades para este mes”, informó Gómez a los medios.
Con respecto a este último tema, el Director de DINATEL destacó que se está culminando el censo establecido por la ley 18.232, aprobada en diciembre del 2007 sobre radiodifusión comunitaria.
“Se trató de un censo en el cual se presentaron numerosas iniciativas para ser regularizadas, y que en el departamento de Flores contó con cinco solicitudes. Ya ha habido respuestas a algunas de ellas en el 2008/2009 y hoy estamos culminando el censo de esas emisoras, y en el correr de este mes es que vamos a estar informando a los interesados quiénes van a ser reconocidas como medios comunitarios por cumplir con las condiciones establecidas en esa ley, y a quiénes se les va a desestimar la solicitud porque no cumplen con las condiciones de esa ley”, explicitó Gustavo Gómez.
“Quiero ser claro al respecto, en cuanto que al mismo momento que se autoriza por un lado y se desestima por otro, –y por lo tanto deben cerrar esas emisoras que no son comunitarias- vamos a anunciar la apertura en el departamento de Flores de un llamado a interesados para dar una nueva oportunidad para que se presenten iniciativas nuevas y también las iniciativas que fueron desestimadas. Esto no quiere decir que no puedan reformular sus proyectos y volver a intentar obtener un permiso, pero por supuesto, ya no se trata de una regularización, y si optan por participar en un nuevo llamado deberán cesar sus trasmisiones”, explicó.
Proceso transparente
Gustavo Gómez indicó que la DINATEL se está planteando un organismo “participativo, transparente que dé garantías a todos en el otorgamiento de las frecuencias a partir de los cambios que el gobierno anterior –también un gobierno de izquierda- ha establecido en la regularización en materia de medios, distanciándose de otras prácticas de otros gobiernos que otorgaban las concesiones sin concurso, sin transparencia y en general a dedo”.
“A partir del año 2007 en materia de medios comunitarios y también de medios comerciales desde la legislación aprobada en el 2008, los otorgamientos se hacen por concurso abierto, público, de manera transparente, con fiscalización de parte de un organismo independiente, integrado por los propios gremios empresariales de un lado (cuando se trata de medios comerciales) y de los medios comunitarios (cuando se trata de medios comunitarios), con participación de las Universidades privada y la pública y la participación de la Asociación de la Prensa Uruguaya”, expresó.
Gustavo Gómez aclaró que “el gobierno no quiere meterse a utilizar su poder para discriminar o favorecer en función de la línea política que se presenta. Se dan garantías a todo el mundo, para que lo que valga sea el proyecto, no importa el color político que tenga y para eso todo este procedimiento va a dar garantías que van a completarse con recesión de audiencias públicas en cada uno de los departamentos, de forma tal que incluso la población pueda tener conocimiento de quiénes se presentan y cuáles son las propuestas”.
“Finalizado ese procedimiento que vale tanto para medios comunitarios en este nueva etapa que comienza en diciembre, como para comerciales, por tanto hay llamado abierto a todos sin discriminación, hay concurso de propuestas. Se estableció por la legislación cuáles son los criterios por los cuales se va a evaluar a cada uno, hay participación ciudadana y los propios empresarios en la evaluación de las solicitudes y hay audiencias públicas en las localidades. Es decir, una serie de mecanismos que estamos implementando para hacer lo que hay que hacer de parte de un Estado democrático”, afirmó Gustavo Gómez.
Advirtió finalmente que “en el otorgamiento de una frecuencia, que es patrimonio de todos nosotros, no debe haber ni discriminación ni abuso”, porque “además de ser un negocio es una herramienta para el ejercicio de derechos fundamentales como el de información y la libertad de expresión, y por lo tanto no puede ser otorgado como premio o castigo en función de la línea editorial del medio o de su cercanía o rechazo con respecto al gobierno nacional”.
Ecos Regionales / GMS
COMCOSUR INFORMA Nº 1241 - 16/12/2010