ANARCICH - Hernán Mella
El Proyecto de Ley que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria continua en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado y su revisión proseguirá en el correr de los días. En la misma comisión aprobaron la mayoría de los artículos entre ellos el derecho de pasar publicidad lo cual fue denominado como “menciones comerciales” a la cual se oponía en un principio la Senadora Evelyn Mathey (UDI), al igual que Juan Pablo Letelier (PS).

La semana pasada la misma comisión aprobaron la mayoría de los artículos entre ellos el derecho de pasar publicidad lo cual fue denominado como “menciones comerciales” a la cual se oponía en un principio la Senadora Evelyn Mathey (UDI), al igual que Juan Pablo Letelier (PS).

Por otro lado dentro de ese artículo también existía la posibilidad de que las radios podrían transmitir propaganda electoral en tiempos de elecciones, lo que finalmente no fue aprobado por los legisladores.

Durante la próxima semana serán revisados los artículos restantes, llegando de esta forma a la última etapa del proyecto, luego de esto se creara una Comisión Mixta de Diputados y Senadores pertenecientes a ambas comisiones que han analizado el proyecto con anterioridad. Después de esto tendrá que ser votada en la sala del Senado.

Ante la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea “los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana”, y su consiguiente despacho a Ley, los abajo firmantes expresamos:

1.- La iniciativa legal, que pasa a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, si bien es un avance respecto a la Ley de Mínima Cobertura de 1994, reconoce de manera limitada el lugar de la sociedad civil para administrar medios de comunicación y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores por igual.

2.- Asimismo, el proyecto, que otorga estatuto legal a las radios comunitarias, no elimina la inequidad en el acceso al espectro radioeléctrico, como bien de uso público y patrimonio de la humanidad, pues se promueve la perpetuidad en el uso de las frecuencias en base al derecho preferente existente en Chile para renovar concesiones.

El Estado de Chile, al haber suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, está obligado a legislar atendiendo los estándares interamericanos de libertad de expresión, que establecen que el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión debe garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales.

En este sentido, la consagración del derecho preferente y la renovación automática de las concesiones, sin plazos de vencimiento consagrados en la ley, hacen infructuoso cualquier intento de garantizar la diversidad y pluralidad en los medios, ya que protege a los radiodifusores que gozan de esta prerrogativa impidiendo el ingreso de nuevos actores.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA recomienda a los estados que sus políticas públicas de administración de las frecuencias radioeléctricas incluyan una reserva equitativa en todas las bandas de radiodifusión para el acceso de medios comunitarios y otros actores no comerciales, como forma de garantizar y promover la libertad de expresión. Existen legislaciones como la argentina que han acogido estas disposiciones, considerando la distribución equitativa del espectro entre los sectores público, privado y comunitario ciudadano.

3.- Con la emisión de publicidad local autorizada en la iniciativa, la ley limita el derecho de sostenibilidad económica de las radios comunitarias, restringiendo las estrategias de financiamiento sólo al ámbito local territorial en el que se encuentran estas emisoras. Esta disposición lesiona de manera grave la libertad de fundar, sostener y mantener medios de comunicación.

4.- Frente a la persecución a radios comunitarias, ocurridas en democracia, demandamos al Gobierno de la Presidenta Bachelet a tramitar con suma urgencia en el Congreso un proyecto de ley que derogue el artículo 36 B (a) de la Ley General Telecomunicaciones, que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.

Ninguna legislación que cumpla con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión puede hacer uso del código penal para sancionar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía.

5.- Finalmente, como organizaciones de la sociedad civil denunciamos ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, la manipulación del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria promovido por la ARCHI, que, mediante el artículo 6 transitorio aprobado en la Cámara de Diputados, intentó otorgar un “perdonazo” a 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, para renovar fuera de plazo sus frecuencias, haciendo uso arbitrario del derecho preferente y contraviniendo el espíritu de la ley.

Quienes suscriben condenamos estas prácticas que son lesivas para el ejercicio de la libertad de expresión e igualdad ante la ley, y llamamos a los parlamentarios a legislar en conciencia e independencia, para mejorar la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación en Chile.

María Pía Matta

Presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC

Natacha Gómez

AMARC Chile

Raúl Rodríguez

Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Rosario Puga

Corporación La Morada/ Radio Tierra

Paulina Acevedo

Red de Medios de los Pueblos

Juan Enrique Ortega

Eco, Educación y Comunicaciones

Andrea Gamboa Castro

Iniciativa Kaskawilla

Sebastián Feliú

Radio Encuentro de Peñalolen

Claudia Lagos

Programa de Libertad de Expresión

Universidad de Chile

Alvaro Ramis
Presidente de Acción, Asociación Nacional de ONGs