La Comisión Constitucional aprobó el 7 de enero, con 20 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que continuará su tramitación en el Senado. En caso de que la Cámara Alta no acuerde ninguna modificación, la Ley quedará definitivamente aprobada, pero si veta el proyecto o aprueba alguna enmienda, el texto volverá al Congreso para que, en su caso, levante el veto, y decida si ratifica o rechaza las enmiendas incorporadas.
Texto del Proyecto de Ley que se remite al Senado
Comunicado FES-UGT Madrid, 8 de enero de 2010
Ley General de la Comunicación Audiovisual
UGT EMPLAZA AL SENADO A CONSOLIDAR EL SECTOR PÚBLICO
AUDIOVISUAL EN SU LECTURA DE LA LEY REMITIDA POR EL
CONGRESO
La Unión General de Trabajadores, a través de su Federación de Servicios (FeS-UGT), valora positivamente las modificaciones al proyecto de Ley General Audiovisual acordadas en la comisión constitucional del
Congreso de los Diputados. En este trámite, el proyecto se ha reformado
mediante la aceptación parcial de enmiendas defendidas por Izquierda
Unida, a iniciativa de UGT y que ayudan a garantizar el mantenimiento de las televisiones autonómicas en el sector público, impidiendo así su
privatización, tal como manifestó ayer el portavoz del grupo socialista.
Texto añadido: “Los prestadores de titularidad pública del servicio de interés económico general de comunicación audiovisual de ámbito autonómico mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión”
El proyecto de ley continuará ahora su tramitación en la cámara baja. FeS-UGT anima a los partidos políticos a mejorar el texto del proyecto, asegurando la desgubernamentalización de las televisiones autonómicas y locales, tal como se ha hecho en RTVE, garantizando una financiación suficiente, asegurando su sostenibilidad mediante la producción interna de los Contratos Programa y el cumplimiento de su obligación de servicio
público esencial, garante de la pluralidad informativa
FeS UGT considera que el texto aprobado por la comisión
constitucional del Congreso es aún mejorable en asuntos como la necesidad de que el futuro Consejo Estatal Audiovisual tenga competencias y capacidad sancionadora, que se potencien los servicios audiovisuales comunitarios y que el empleo estable y de calidad, se convierta en condición necesaria para la concesión de las licencias de Radiodifusión, poniendo coto al empleo precario y a las interminables cadenas de subcontratación habituales en el sector de medios de comunicación.
La UGT confía en la capacidad negociadora de las fuerzas políticas
para poder mejorar en el Senado la importante Ley General de la
Comunicación Audiovisual, EXTENDIENDO PARA EL CONJUNTO DEL
ESTADO, LA REFORMA PACTADA POR TODO EL ARCO
PARLAMENTARIO PARA RTVE.
Sección Sindical de RTVM - FES-UGT
Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2010
LA LEY GENERAL AUDIOVISUAL SALE DEL CONGRESO MEJORADA CON LAS APORTACIONES DE FES-UGT
El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual salido del Congreso recoge finalmente el grueso de las demandas planteadas por la FeS-UGT en las diferentes reuniones y contactos mantenidos con el Grupo Socialista, y el resto de fuerzas políticas, desde que se planteó este proyecto hace ya cinco años.
Gracias a las enmiendas defendidas por FeS-UGT se ha conseguido integrar en el texto finalmente aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso, garantías para la continuidad de las televisiones autonómicas como empresas públicas. Estas “mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión”. Este es un paso muy importante pero, teniendo en cuenta el informe de los servicios jurídicos de FeS-UGT, sería necesario añadir en el texto que salga del Senado que la Ley Reguladora del Tercer Canal, que quedaría ahora derogada, “seguirá siendo de aplicación a los efectos previstos en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Segunda”.
El trabajo de FeS-UGT ha conseguido también que la futura Ley recoja expresamente que los prestadores del servicio público audiovisual- como Radiotelevisión Madrid- “no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos”, que estarán obligados a impulsar “la producción propia de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”, además de prohibir expresamente que la financiación pública sostenga “actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público”. De hecho, en el caso de las Radio Televisiones Autonómicas, el Gobierno de su Comunidad deberá suscribir contratos-programa en los que se identifique “de manera expresa los contenidos de servicio público” y en particular “los porcentajes de géneros de programación”. Todo esto desde la perspectiva de un servicio público que según cita expresamente el Proyecto “tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea, con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público”.
También se ha recogido nuestra reivindicación de desgubernamentalización y democratización de los medios públicos, en la línea de lo ya conseguido para Radio Televisión Española. Para ello se garantizará que “los criterios rectores de la dirección editorial del prestador de servicio público de comunicación audiovisual, que garantizarán el derecho de acceso, se elaborarán por un órgano de elección parlamentaria, como garantía de su independencia, cuya composición reflejará el pluralismo político y social del ámbito de su cobertura”.
Todo esto son avances muy importantes, que merecen una valoración positiva de FeS-UGT. Pero seguiremos trabajando por incluir mejoras en el Senado, con el objetivo de que la Ley sea aún más garantista de los derechos de la información y a la información de los ciudadanos. Y sobre todo, como sindicato de clase, nos preocupa el empleo.
Por eso seguiremos trabajando para que se introduzcan en el trámite del Senado, mecanismos que eviten las sucesivas subcontrataciones que deterioran el nivel de empleo tanto en el sector público como en el privado. Sin empleo de calidad no puede haber información de calidad, veraz y plural.
Cuando la primera preocupación es mantener un puesto de trabajo, precario en un alto porcentaje en el sector audiovisual, se debilita la capacidad de elaborar información veraz y de ofrecer programas informativos plurales. En ese sentido, llama la atención que con la nueva norma el sector privado deje de estar vinculado por la condición de servicio público, que se reserva sólo para el sector de propiedad pública.
Estamos convencidos de que el trabajo de todos y la voluntad y capacidad de diálogo y consenso de las fuerzas políticas nos permitirá contar finalmente con una buena Ley General de Comunicación Audiovisual.
Comunicado CCOO 15-enero
Contactos de FSC para influir el trámite parlamentario de la Ley General Audiovisual
Manteniendo el trabajo institucional de presentación de las propuestas del sindicato a la Ley General Audiovisual, una delegación del sector de medios de FSC-CCOO y la Secretaría de política sectorial inician una ronda de reuniones en el Senado.
La primera de las actuaciones de esta índole se lleva a cabo con el Grupo de la Entesa Catalana de Progress, concretamente con el senador Joan Josep Nuet, quien fué ampliamente informado de las enmiendas que propone el sindicato en la nueva Ley Audiovisual. El senador debatió con la representación sindical en un clima de buen entendimiento.
A lo largo de los próximos días, se celebrarán varios encuentros con el resto de las representaciones parlamentarias de la Cámara Alta, a los que la FSC pedirá apoyo para las iniciativas y enmiendas que propone al proyecto de LGA que, a lo largo del mes de febrero será tramitado en el Senado.
Llamamiento de la FeSP a los grupos parlamentarios
6 Enero 2010. FeSP
La FeSP reclama una Ley General Audiovisual que defina la función pública de todos los operadores de televisión
Solicita a los grupos parlamentarios que apuesten por un sector audiovisual al servicio del pluralismo y la educación, y no concebido como un mercado.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados va a debatir mañana -con una sorprendente prisa que todos los grupos han criticado, excepto el PSOE- el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es el último paso que ha dado el Gobierno después de haber aprobado antes del verano, también con urgencia, varias medidas que solo han sido aplaudidas por la patronal de las televisiones privadas (UTECA): facilidades para la fusión de cadenas, TDT de pago y eliminación de la publicidad en TVE.
El PSOE ha negociado esta ley solamente con una formación de derechas (Convergència i Unió), en vez de hacerlo con los partidos con los que más coincide ideológicamente.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta que, por esa falta de diálogo con los demás grupos parlamentarios, el proyecto de ley que elaboró el Gobierno apenas haya sido mejorado con enmiendas, pero todavía hay tiempo para hacerlo.
El proyecto de ley se caracteriza porque:
* Define el sector audiovisual como un mercado, en vez de como una función pública al servicio del pluralismo, la educación, la cultura y la cohesión social, lo que contradice las normativas europeas.
* No define funciones de servicio público para los medios privados y, en cambio, sí restringe este carácter para los públicos.
* No garantiza competencias ejecutivas claras para el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en lo relativo a la adjudicación y retirada de licencias y a la capacidad para sancionar las infracciones de la ley. Tampoco que sus integrantes sean elegidos por sus méritos profesionales y no por sus afinidades ideológicas o políticas.
* No contempla criterios de legalidad laboral o de vigilancia profesional para la adjudicación de licencias.
* No garantiza la autonomía de los medios públicos autonómicos y locales en su financiación, que ahora es mixta (presupuestos públicos más publicidad).
* No establece unos criterios homogéneos para la creación de organismos públicos autonómicos y locales, en la línea de la reforma de RTVE. Es decir, que continuarán al servicio del gobierno o el alcalde de turno.
* No garantiza la producción y edición de programas por los medios públicos, no solo su emisión.
* Tampoco reconoce a los medios comunitarios como un tercer sector, junto al privado y al público, que no puede ser residual por falta de financiación o por obstáculos legales. Olvida que su existencia garantiza el derecho constitucional de la ciudadanía a comunicar información veraz, junto a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas hace un llamamiento a los diputados para que mañana actúen en conciencia y eviten un mal comienzo de la regulación del sector audiovisual, y especialmente a aquellos en cuyas comunidades autónomas ya están en vigor leyes audiovisuales con unos contenidos diferentes y contrarios al proyecto que mañana van a debatir en el Congreso.
Después de tanto tiempo esperando esta ley, la ciudadanía no se merece que se desperdicie esta ocasión por intereses partidistas coyunturales y para no molestar a la patronal.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)