Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.
Reforma y contrarreforma en la política de comunicación audiovisual del Gobierno de Rodríguez Zapatero
Texto completo de la Declaración de ULEPICC
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, presentado en el Consejo de Ministros el pasado 16 de octubre y que ha iniciado su tramitación parlamentaria, presenta algunas virtudes innegables respecto a la situación actual, pero también representa, si no se modifica, un punto sin retorno en el proceso de alejamiento de la ciudadanía de la política comunicativa socialista y de su adaptación a los intereses de los grupos empresariales de comunicación.
En efecto es un proyecto desregulador, liberal y animador de incontrolables procesos de concentración entre empresas fuertes. Al mismo tiempo es poco garantista del derecho a una comunicación de calidad de la ciudadanía. De hecho, el proyecto en su redacción actual, supone una ruptura con criterios elementales de la tradición progresista como son el concepto y la práctica del servicio público, el pluralismo con limitación de la concentración empresarial, las obligaciones mínimas para todos los operadores que garanticen el preferente rol social de la comunicación sin perjuicio de que también sea un mercado.
Se produce una auténtica regresión en el tratamiento de las estaciones de radio y televisión comunitarias en comparación con el borrador anterior que diferenciaba dos figuras en dos artículos: las comunitarias de difusión y las de proximidad. Se desatiende además la Resolución del Parlamento Europeo (2008) que resaltaba la función social del “tercer sector” de la comunicación y que aquí no es contemplado como tal. Ahora concurrirían como uno más al mercado de licencias, sin reservas ni preferencias pero con más cargas. Si lograran la licencia estarían lastrados para sobrevivir por el requisito de no poder acceder a “ningún tipo de comunicación audiovisual comercial” (o sea ni patrocinio) así como por otro límite a su desarrollo: sus gastos de explotación no podrán sobrepasar los 100.000 euros anuales. De existir operadores de radiodifusión comunitarios, se les instala además en la insultante sospecha no aplicada a otros operadores: justificar la precedencia de sus fondos. En América Latina -las recientes leyes de Argentina (2009) o Uruguay (2007), por ejemplo- hay un tratamiento mucho más progresista de los medios comunitarios.
En resumen, las últimas decisiones del Gobierno en materia audiovisual van en dirección contraria al pluralismo. Anuncian el apoyo público a un proceso de concentración de pocos operadores con escasa diversidad de contenidos y pocos servicios interactivos. Penalizan la comunicación de proximidad y comunitaria. Minimizan el rol del Consejo Audiovisual. Y abandonan toda la filosofía basada en el usuario y ciudadano para convertir el ámbito comunicativo en un mero mercado.
Propuesta: Por ello, proponemos que se retire el proyecto de ley general hasta un debate social digno de tal nombre, y que sólo se contemple una Ley que incluya tres temas: la transposición de la última Directiva Europea, un Título relativo a los derechos del público para evitar un apagón analógico sin obligaciones de los operadores y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, eso sí con competencias reguladoras y sancionadoras plenas.
Luis A. Albornoz y Ramón Zallo, profesores universitarios de Comunicación y presidentes -internacional y de la sección de España- de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).