Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
En el Estado español el Gobierno acaba de aprobar el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta Ley junto con la creación de una Autoridad Audiovisual independiente eran dos de las promesas electorales del Partido Socialista cuando accedió al gobierno en 2004. Sin embargo, han sido necesarios más de 5 años para que el gobierno presentara ante el Parlamento un proyecto de Ley. Una tramitación de la que también está pendiente la Comisión Europea ya que la Directiva de Servicios Audiovisuales aprobada en 2007 debe ser aplicada en la normativa de los estados de la Unión Europea antes del 9 de diciembre.
Según el gobierno el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, que viene desarrollando el Gobierno a lo largo de los últimos años. Sin embargo, muchas organizaciones, desde sindicatos hasta organizaciones empresariales critican el hecho de que el Gobierno no ha contado con su opinión, ni ha facilitado información sobre el contenido de la ley.
Como novedades de la ley, además de la creación del Consejo de Medios Audiovisuales, el proyecto recoge la existencia de emisoras comunitarias: Pero, desde la Red de Medios Comunitarios critican que la ley no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios ciudadanos, sin ánimo de lucro, al establecerse restricciones y exigencias que no se hacen a las emisoras comerciales.
La Red de Medios Comunitarios (ReMC) denuncia que el Gobierno ha elaborado la Ley Audiovisual de forma opaca y eludiendo el debate
20 octubre 2009
Consideran que la Ley ha sido elaborada de espaldas a la ciudadanía
La Red de Medios Comunitarios acusa al Gobierno de faltar a la verdad en su nota de prensa en la que indica que “… el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, que viene desarrollando el Gobierno a lo largo de los últimos años…”.
La ReMC critica que, a pesar de haber solicitado audiencia en reiteradas ocaciones, el Gobierno nunca respondió. En este mismo sentido se han manisfestado muchas otras entidades desde los sindicatos, las organizaciones del sector de las TIC, así como los Consejos Audivisuales de Andalucia, Cataluña y Navarra.
Según la nota de prensa del Gobierno “… Todo ese esfuerzo de diálogo y consenso se concretó en el Anteproyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio, que fue entonces remitido a los órganos de consulta preceptivos y abierto al correspondiente trámite de audiencia…”
Sin embargo el único trámite de audiencia ha sido bajo la iniciativa del Consejo de Estado, no del Gobierno, que abrió un plazo de 10 días (durante el mes de agosto) para acceder al expediente y poder presentar alegaciones de cara a la elaboración del preceptivo Dictamen.
Esta ha sido la unica vía, el Consejo de Estado, que hemos encontrado las organizaciones del sector para aceder a la informacion sobre la ley. Ha sido tan escasa la información que, a pesar de ser muchos los sectores afectados por esta ley, tan solo 10 entidades participamos en el trámite de audiencia abierto por el Consejo de Estado. Muchas han sido las entidades que no han podido hacer llegar sus aportaciones porque el Gobienro no ha habilitado ninguna mecanismo para ellos.
El propio Gobierno, en la Memoria de Anteproyecto de Ley realizada por la Secretaria Técnica del Ministerio presidencia (documento de 27 de julio) incluso indica que sólo han participado 3 entidades: “En el procedimiento de elaboración del anteproyecto han intervenido las siguientes entidades: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia y Asociación de Usuarios de la Comunicación”.
Respecto a las modificaciones realizadas desde la aprobación del Anteproyecto (26 de junio) hasta la aprobación del Proyecto de Ley (16 de octubre) decir que estas han sido mínimas siendo la mayor partes motivadas por las recomendaciones del Consejo de Estado.
La Red de Medios Comunitarios, entidad que representa a radios y televisiones promovidas por organizaciones sociales (emisoras comunitarias) no ha sido tenida en cuenta para la regulación de este sector. El Proyecto de Ley recoge en su artículo 32 del Proyecto de Ley la existencia de Servicios de comunicacion comunitarios sin animo de lucro. La ReMC considera que la actual redacción del artículo 32 es muy deficiente y contraviene la Directiva europea de “Servicios de medios Audiovisuales” ya que no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios mientras se establecen unas restricciones y exigencias que no realizan a los servicios de comunicación comerciales.
Además el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones sobre la modificación del artículo 32 realizadas por el Consejo de Estado y por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
ANEXO
Según los datos que figuran el el expediente de la Ley Audiovisual la “amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual” ha consistido en:
Solicitar informes consultivos, tal como establece la legislación, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de la Competencia además de la intervención de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (Memoria Anteproyecto de Ley 27 de julio elaborada por el Ministerio de Presidencia).
Solicitar el preceptivo Dictamen del Consejo de Estado, en cuya tramitación el máximo órgano consultivo recibió aportaciones de 10 entidades. En el texto del Dictamen el propio Consejo de Estado no tienen constancia de que hayan sido consultadas los agentes interesados o las Comunidades Autónomas. Además advierte que falta la participación del Consejo Economico y Social (Dictamen de 17 de septiembre del Consejo de Estado).
Como Red de Medios Comunitarios hemos solicitado en varias ocasiones (cartas con fecha 22 diciembre 2008, 16 de marzo y 16 de junio de 2009, además de numerosos mails) una reunion o que se nos concediera audiencia de cara a trasladar nuestras propuestas. Nunca recibimos respuesta ni ningún tipo de información.
CCOO en un comunicado de 10 de julio manifiestaba “…su preocupación por el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que ha sido elaborado por el Ejecutivo sin contar con los agentes sociales…”.
Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (ASIMELEC) remitió una carta al Consejo de Estado para quejarse sobre la exclusión de empresas TIC en el Anteproyecto Ley Audiovisual.
Los presidentes de los Consejos Audiovisuales de Andalucia, Navarra y Cataluña exponían, en un artículo publicado en la prensa (El Pais 17/10/09) : “… debemos lamentar la escasa transparencia y participación con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos… hay que decir que los consejos audiovisuales autonómicos, que constituyen el modelo de regulador al cual parece dirigirse finalmente el legislador estatal, no han tenido la oportunidad de participar en esta fase legislativa previa, tal y como hubieran deseado. Cualquier intento de estas instituciones de hacer una mínima aportación constructiva basada en la propia experiencia ha obtenido como respuesta el silencio, siempre con la sensación de que otros actores del sector, muchos de ellos directamente afectados por la nueva regulación, eran en cambio considerados como interlocutores válidos, siempre en el marco de un proceso de diálogo y consulta, cuanto menos, opaco”.
Esta situación contrasta con las declaraciones oficiales del Gobierno que en diversas ocasiones se ha referido a que consultaría con todos los agentes del sector en busca del consenso. La Vicepresidenta del Gobierno, en su comparecencia en el Senado el 17 de junio de 2008, señalaba que “En esta nueva etapa nos proponemos culminar la ordenación del sector con la Ley General Audiovisual, en la cual venimos trabajando para buscar el consenso de todos los actores con todos ellos: actores sociales, operadores, fuerzas políticas, institucionales. Así debe ser, ya que ésta será la norma que sentará, finalmente, unas bases firmes para un escenario audiovisual moderno, adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías”.
El 17 de junio el Gobierno indicaba al Congreso de los Diputados que “… El texto elaborado por el Gobierno tiene vocación de durabilidad y, por tanto, está siendo y será consultada y consensuada con todos cuantos trabajan y operan en el sector. Este Gobierno parte de la idea de que no se puede realizar una norma eficaz sin contar con todos los colectivos a los que va destinada. La Vicepresidenta Primera del Gobierno ha mantenido contactos con algunos de los agentes implicados y seguirá reuniéndose, hasta su remisión a las Cortes Generales, con cuantos tengan implicación y aportaciones que hacer para contribuir a sentar las bases de un escenario audiovisual moderno” (Iniciativa 184/050829 BOCG. Núm. D-237 de 09/07/2009 Pág.: 316).