Defienden que debería haberse establecido esa prohibición de 6 de la mañana a 10 de la noche, coincidiendo con el horario legal de protección del menor.

Madrid, 18 de Marzo de 2010. Diferentes organizaciones sociales, de padres y madres, de defensa de la infancia, vecinales, de actuación en el campo de las adiciones, de telespectadores y de profesionales de la salud han manifestado su satisfacción porque, tras su aprobación definitiva en el Congreso, la Ley General de la Comunicación Audiovisual establezca una mayor restricción a la publicidad de alcohol en televisión. De acuerdo con la nueva norma, la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados centesimales sigue estando prohibida en televisión. Además, la publicidad de bebidas de menor graduación, que hasta ahora no contaba con ningún tipo de limitación, no podrá difundirse entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.

AUC, CEAPA y CONCAPA, FARE, FRAAVVM, iCmedia, Protégeles, Proyecto Hombre, OETI, semFYC, TAC y Tambor de Hojalata, se han pronunciado de forma conjunta, valorando de modo positivo que finalmente se hayan desestimado las enmiendas presentadas por CiU y Entesa para que las nuevas restricciones sólo afectaran a las bebidas destiladas y no a las fermentadas (vino, cerveza, cava, sidra). Los firmantes consideran injustificable el argumento mantenido por estos grupos parlamentarios según el cual la ingesta de estas últimas bebidas no genera problemas para la salud. El Grupo Popular también había protagonizado una enmienda en el Senado para eliminar las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas.

Se da la circunstancia de que, recientemente, tanto el Grupo Popular como CiU han presentado en el Congreso Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a tomar medidas para prevenir el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes.

Según la Encuesta Estatal Sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) correspondiente a 2008, el 81,2% de los menores entre 14 y 18 años declara haber consumido alguna vez alcohol y un 58,5% en los 30 días previos a la entrevista. La edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa entre los 13 y los 14 años, y un 29,1% declara haberse emborrachado en los últimos 30 días. Además, la bebida más consumida por los jóvenes según la encuesta es la cerveza, aunque el consumo de combinados/cubatas y licores es más intenso en el fin de semana. El 9,5% de los estudiantes declara haber conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol. La cifra asciende a un 12,5% en el caso de los estudiantes de 18 años.

De todos modos, y teniendo en cuenta que el alcohol es un producto cuya venta y consumo público está prohibido para los menores de 18 años, las organizaciones consideran que lo coherente hubiera sido prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas por televisión en el horario legal de protección del menor, que va de las 6:00 a las 22:00 horas.

Con motivo de la entrada del Proyecto de Ley en el Senado, estas organizaciones se dirigieron a la Ministra de Sanidad buscando su apoyo para la protección de los menores ante la publicidad de bebidas alcohólicas, y como contrapeso a las presiones que tanto la industria alcoholera como determinadas comunidades autónomas estaban realizando para modificar dicho Proyecto.

Las organizaciones firmantes consideran, en definitiva, que se ha perdido una oportunidad para afrontar uno de los aspectos sin duda importantes del fenómeno del consumo abusivo de alcohol por parte de los menores, que tanto preocupa a la sociedad española.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rechazo a la actuación del Gobierno en normas tan importantes para la ciudadanía y para los profesionales del periodismo como son la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para ninguna de ellas ha contado con la opinión de las organizaciones sindicales y profesionales, pese a que están directamente afectadas, y ha actuado beneficiando claramente a las televisiones privadas y a los representantes de la patronal.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, lamenta que el Congreso de los Diputados vaya a aprobar el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual el próximo jueves, sin haberlo mejorado casi en nada durante su tramitación y sin atender prácticamente ninguna de las muchas propuestas que planteó la FeSP y otros colectivos. El modelo de sector audiovisual que se define en ese texto no se concibe como un servicio público y no se parece en nada al que propuso en 2004 la Comisión de Expertos a la que el Gobierno pidió opinión.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno conceda ayudas a las empresas de comunicación para afrontar la crisis económica, la FeSP alerta del riesgo de que sean adjudicadas en muchos casos a quienes la han ocasionado. Consideramos que esas ayudas únicamente deben se otorgadas a quienes garanticen que las van a utilizar para mantener los puestos de trabajo, que cumplan estrictamente la normativa laboral y que asuman la función social que tienen todos los medios de comunicación como mediadores del derecho a la información de la ciudadanía.

La FeSP también expresa su apoyo a los trabajadores de la agencia Efe, a quienes la dirección de la empresa ha planteado unas propuestas inasumibles para hacer frente a la crisis económica. Les animamos a que defiendan los puestos de trabajo y a buscar fórmulas de ahorro que supongan más esfuerzo para los directivos y altos cargos y mucho menos para los trabajadores con salarios más bajos.

Asimismo, la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha acordado reiterar su apoyo a la directora de Radiotelevisión de Mallorca, Marisa Goñi, y a los trabajadores de la plantilla, ante el intento involucionista por parte del Partido Popular y Unió Mallorquina de anular los avances profesionales logrados y controlar esas emisoras por intereses partidistas.

La impunidad de las televisiones para emitir publicidad ilícita uno de los aspectos más negativos de la nueva Ley.

Madrid, 18 de Marzo de 2010. El establecimiento de un marco legal estable, el reconocimiento del papel de las televisiones públicas y comunitarias y la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales son algunos de los aspectos más destacables del Proyecto de Ley aprobado hoy por el Congreso, según la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

La AUC reconoce el esfuerzo parlamentario para mejorar el texto en su tramitación en Congreso y Senado, recogiendo además muchas de las reivindicaciones de las organizaciones sociales y ciudadanas que han aumentado las garantías para la protección de los espectadores.

No obstante, señala también algunas deficiencias, especialmente a los siguientes aspectos:

Protección de los menores ante la programación

AUC considera positiva la prohibición de la emisión en abierto de los contenidos de pornografía y violencia gratuita; la obligatoriedad de calificar los contenidos por edades con un identificador digital y criterios homologados; el reconocimiento legal, dentro del horario de protección del menor, de las franjas de protección reforzada, hasta ahora recogidas en el Código de Autorregulación de las cadenas.

Sin embargo, critica que no se haya respetado lo señalado por la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, que obliga a que los contenidos de pornografía y violencia gratuita sean difundidos sólo a petición, es decir, mediante el sistema de video bajo demanda y fuera de las parrillas de programación, y sólo a través de acceso condicional.

Protección de los menores ante la publicidad

AUC considera positivo que finalmente se contemple la limitación de publicidad que pueda considerarse perjudicial para los consumidores, como la publicidad confusa de juguetes, la referida a tratamientos adelgazantes y “culto al cuerpo”, la sexista, la de alimentos ricos en grasas o la de esoterismo y paraciencias. Valora también favorablemente que se limite el horario de emisión de los llamados call Tv.

Sin embargo, considera que debería haberse formulado de modo más claro la prohibición de usar personajes de ficción como reclamo en la publicidad infantil; la limitación de emisión para los anuncios de contactos sexuales, y, sobre todo, debería de haberse prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas de 20 grados centesimales o menos (la de bebidas alcohólicas de más de 20 grados está prohibida desde el año 80) antes de las 10 de la noche. AUC considera incoherente que se prohíban antes de esa hora las comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y no las de un producto, como las bebidas alcohólicas, cuya venta está prohibida para los menores de 18 años.

Limitación del tiempo de emisión publicitaria

AUC valora positivamente que el Proyecto haya reducido el tiempo de emisión publicitaria a 20 minutos por hora de reloj, frente a los 39 minutos inicialmente propuestos por el Gobierno, con una limitación al día para las telepromociones (36 minutos).

Sin embargo, cabe recordar que la Directiva establece un límite obligatorio de 12 minutos para esas formas de comunicación comercial que en España pueden extenderse hasta los 20 minutos.

La responsabilidad de las cadenas sobre lo emitido

AUC considera muy negativo para los consumidores que se exonere de cualquier responsabilidad administrativa a los prestadores del servicio audiovisual televisivo por la posible emisión de comunicaciones comerciales ilícitas. No hay ningún sector en la oferta de bienes y servicios el que los canales de distribución no tengan responsabilidad en la calidad y estado de los productos ofrecidos.

Aunque la ley prevé obligar a las televisiones a cesar en la emisión de esas comunicaciones comerciales ilícitas, esta nueva situación rompe radicalmente con lo contemplado por la normativa audiovisual hasta ahora vigente, que consideraba responsables a las cadenas de lo emitido, tanto programación como publicidad. Además, se limita notablemente la capacidad de actuación del Consejo Audiovisual (que no podrá entrar en cuestiones publicitarias) y deja a los consumidores sin una vía clave para su protección y defensa ante la publicidad ilícita.

El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha hecho llegar a los diversos grupos del Congreso y del Senado una serie de propuestas de enmienda, aprobadas por unanimidad, a la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Entre otros aspectos, las enmiendas piden que se tenga en cuenta la especificidad del marco legislativo catalán en materia audiovisual y que las comunidades autónomas puedan autorizar las emisiones provenientes de otras comunidades en su territorio sin autorización estatal previa.
Según la CCMA, el texto actual de la ley choca con las competencias de la Generalitat en materia de medios de comunicación, por lo que se pide que se precise que la ley “sólo tiene aplicación directa para los servicios que operan con licencias del Estado y que se aplica subsidiariamente a las comunidades que no hayan desplegado un marco legislativo propio”. En este sentido, también propone que el texto recoja que la ley respeta, en todos los casos, las competencias exclusivas y compartidas de las comunidades.
La Corporación, además, reclama que se tenga en cuenta la especificidad de los servicios públicos en una lengua diferente del castellano, y que se entienda que la difusión de determinados contenidos en estas lenguas es parte también del servicio público.
Emitir sin autorización estatal previa
La CCMA se muestra contraria a la necesidad de obtener una autorización estatal previa para emitir contenidos en otra comunidad autónoma, y pide que sean las mismas comunidades las que las autoricen. Considera que el texto concede al estado “discrecionalidad absoluta” y no prevé “ningún criterio” a la hora de denegar la autorización. Si se mantuviese la necesidad de una autorización estatal, la CCMA señala que se tendría que establecer un mecanismo que evitase “posibles arbitrariedades”.
En cuanto a los contenidos, la Corporación considera que el proyecto de ley establece una asimetría “excesiva” entre las obligaciones que tienen los operadores públicos y los privados, y recuerda que el conjunto de la sociedad a menudo reclama más responsabilidad en las actuaciones de todos los medios por la influencia que ejercen.
En el capítulo de la financiación de producciones europeas, la CCMA rechaza que el 6% de los ingresos sólo se destine a películas cinematográficas, como se establece ahora, sino también a telefilmes, series, documentales y productos de animación. La Corporación considera que así se podría dar continuidad a la política de inversión diversificada de TVC sin perjudicar ni la programación del medio ni el tejido de la industria audiovisual catalana.
En cuanto a la publicidad, pide que los operadores puedan insertar transparencias o servirse de pantallas divididas durante las retransmisiones deportivas, y propone que la prohibición de patrocinios actual se limite estrictamente a los espacios diarios de noticias y que queden excluidas las informaciones deportivas, meteorológicas, económicas o del tráfico.
Para la CCMA, el texto también tendría que garantizar que los servicios públicos, tanto estatales como autonómicos, dispongan de una parte del espectro radioeléctrico para la televisión de movilidad.
Algunos de estos puntos han sido tratados este martes al mediodía por Albert Sáez, presidente de la CCMA, durante su intervención en la mesa redonda La Ley General de la Comunicación Audiovisual: Catalunya responde, organizada por el Colegio Profesional del Audiovisual de Catalunya (CPAC). También ha participado Santiago Ramentol, consejero secretario del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC); Francesc Bellmunt, miembro del Consejo de Administración de RTVE; Eva Pujadas, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra; Ramon Colom, presidente de Sacraria Audiovisual; y Daniel Condeminas, decano del CPAC.

MANIFIESTO ANTE EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, FIRMADO POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) Y LA PLATAFORMA: “CON UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN GANAMOS TODOS”, COMPUESTA POR:
Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (AGEMDI),
Asociación de Agencias de Medios (AM),
Asociación de Marketing de España (MKT),
Asociación de Medios y Agencias de Publicidad de Aragón (AMAPA),
Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP),
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC),
Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP),
Asociación Española de Anunciantes (aea),
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ),
Asociación Española de Perfumería, Cosmética y Afines (STANPA),
Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP),
Associació Empresarial de Publicitat,
Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP),
Interactive Advertising Bureau (IAB), e
International Advertising Association (IAA)

El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, remitido al Congreso de los Diputados el pasado 16 de octubre por el Ministerio de la Presidencia, perjudica al ciudadano, a las empresas y a la economía; no cumple con el espíritu de la Directiva Europea ni ha tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado.

• Perjudica al ciudadano

El Proyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), permite duplicar la actual saturación publicitaria elevando hasta más de 29 minutos las formas de comunicación comercial que podrían llegar a emitirse por hora de reloj. (LGCA. Artículos: 2. 21; 13.2; 14.1 y 15.2 )

Este Proyecto de Ley agravaría aún más los datos que ya arrojan estudios como el del Instituto de Investigación GFK a nivel paneuropeo así como los del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Según GFK, el 92% de los españoles considera que hay demasiada publicidad en televisión, siendo ésta la cifra más alta de todos los países europeos comparados; igualmente en los datos del CAC se refleja que el 88,4% de los entrevistados considera que el número de anuncios es elevado, y que el exceso de publicidad es el principal problema que tiene actualmente la TV en España.

Ya la actual saturación publicitaria, con bloques de larga duración, impide el normal disfrute de cualquier programa, en algunos casos se llega a extremos en los que para ver los últimos minutos de una película o serie, el ciudadano tiene que soportar bloques de más de 20 minutos. Esta situación tiene como consecuencia un rechazo al medio y un rechazo al anunciante que financia dicho medio.

El ciudadano, ante este Proyecto de Ley, se encuentra indefenso y ve menoscabados sus derechos como telespectador frente a los telespectadores europeos, ya que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, con su actual redacción, de cada dos minutos de emisión televisiva, uno de ellos podría ser de comunicación comercial.

• Perjudica a las empresas y a la economía

El impacto de la publicidad y de las actividades promocionales para el desarrollo comercial de la empresa en la economía no deja lugar a dudas. No en vano representa casi el 3% del PIB español.

Desde un punto de vista econométrico, es evidente la relación entre publicidad y productividad empresarial, pudiendo repercutir favorablemente en los momentos de recesión de la economía.

Sin embargo, para que esto sea posible, la publicidad debe contar con el mejor panorama para propiciar estos beneficios. Con el Proyecto de Ley, este objetivo se alejaría, ya que la aún mayor saturación publicitaria que propone en el medio televisión, daña cualquier forma de publicidad y extiende este efecto negativo hacia otros medios.

Las inversiones publicitarias de las empresas anunciantes en el año 2008 ascendieron a cerca de 15.000 millones de euros, siendo el 21% en el medio televisión.

Estas inversiones se ven amenazadas al dirigirse a un consumidor cansado y saturado inmerso en un ruido publicitario que ocasiona que los mensajes de las empresas pierdan eficacia y deterioren notablemente la cuenta de resultados de éstas.

Por todo ello, se firmó en su momento (Noviembre 2005) un Acuerdo entre las Televisiones Nacionales Generalistas, la Asociación de Agencia de Medios y la Asociación de Anunciantes con el compromiso de disminuir progresivamente la publicidad en televisión para conseguir recuperar eficacia en el medio y respeto en la sociedad para las prácticas publicitarias.

• En contra del espíritu de la Directiva Europea y de las recomendaciones del Consejo de Estado

Según datos de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), los países que por ahora han transpuesto la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales: Irlanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, ninguno de ellos ha sobrepasado el límite de los 12 minutos, siguiendo el espíritu de dicha Directiva.

Ya en la anterior transposición de la llamada TV Sin Fronteras, España fue denunciada por el Tribunal de Justicia a instancias de la Comisión Europea, ya que a los 12 minutos permitidos le añadía otros 5 minutos más en concepto de “otras formas de publicidad”, llegando a los 17 minutos.

Viviane Reding, Comisaria europea de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, afirmó que «España no ha tomado las medidas necesarias para garantizar, por fin, el respeto del límite europeo de 12 minutos de anuncios publicitarios por hora de reloj. Quisiera hacer un llamamiento a las autoridades españolas para que actúen urgentemente y se ajusten a lo dispuesto por la Directiva TVSF. Si no lo hicieran, pediré a la Comisión que recurra al Tribunal de Justicia. Todos los anuncios publicitarios o de telecompra, tanto si se les llama anuncios de telepromociones, publirreportajes u otra cosa, deben contabilizarse en los 12 minutos por hora de reloj. Cualquier otra interpretación sería denegar el respeto debido a los telespectadores y los ciudadanos. Éstos pueden contar con la Comisión para defenderlos».

Este Proyecto de Ley iría en contra, como se observa, no sólo de la Comisión Europea, sino también de las recomendaciones del Consejo de Estado y más aún, también en contra de los principios que defenderá España al asumir la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de Enero del 2010.

El Consejo de Estado sí tuvo en consideración, en su informe al anteproyecto, del pasado 17 de septiembre, la posición que defendemos y el espíritu de la Directiva abogando claramente por la inclusión de las telepromociones en el cómputo total de los 12 minutos y así concluye: “El artículo 18.2 de la Directiva no ofrece apoyo a la exclusión de la telepromoción (…) debe ser suprimida esta exclusión para un estricto ajuste de la norma española con el Derecho comunitario”.

Por último y con todo respeto, pedimos que una Ley que pretende alinearse con Europa y máxime en un momento que precede a la presidencia por parte de España de la Unión Europea, no puede cometer un desliz de tal gravedad, como excluirnos de cualquier consideración de un tiempo publicitario razonable para con nuestros vecinos. No pedimos nada que no sea equipararnos a la mayoría de los ciudadanos europeos.

En definitiva, este Proyecto de Ley, en lo referente a los tiempos publicitarios, va en contra de:

• El ciudadano, que está harto de tanta saturación publicitaria,
• La empresa y la economía,
• La Unión Europea,
• El Consejo de Estado y, desde luego,
• El sentido común.

Fuente: http://www.programapublicidad.com/b2evolution/blogs/index.php?blog=15&title=la_plataforma_con_un_maximo_de_12_minuto_1&more=1&c=1&tb=1&pb=1

10/11/2009
http://hl47.dinaserver.com/hosting/foroperiodistas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=10061

El Foro de Organizaciones de Periodistas pide a los grupos parlamentarios que acepten sus propuestas y modifiquen el proyecto de ley presentado por el Gobierno. El proyecto liberaliza todo el mercado audiovisual, deja la puerta abierta a la privatización de las televisiones públicas y otorga el derecho de autorregulación del sector privado.

Las organizaciones que componen el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) consideran imprescindible que se modifique la actual redacción del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en toda España, dejando la vía libre a la privatización de las cadenas de titularidad pública. El FOP ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar el proyecto.

La transposición obligatoria de la normativa europea en este ámbito permite legislar con la mirada puesta en el servicio público esencial que deben de tener los medios de comunicación, pero el gobierno ha optado por liberalizar todo el mercado, asegurando los intereses de los empresarios privados de la comunicación y desestabilizando tanto al sector de titularidad pública como al privado, fundamentalmente en cuanto a infraestructuras, plantillas y producción propia.

Otra de las concesiones a los empresarios de la comunicación es que se les otorga el “derecho a la autorregulación”, fórmula que se ha demostrado ineficaz durante años y que deja prácticamente indefensos a los usuarios, receptores de la comunicación. Podría haberse apostado, si no por la regulación completa, si por la corregulación, que funciona en otros países de la Unión Europea.

El FOP confía en que los grupos parlamentarios estudien y acepten las propuestas enviadas por este grupo, que aglutina a las organizaciones de periodistas más representativas del Estado español.

Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)
http://www.foroperiodistas.com/

Texto de las Consideraciones del FOP al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
http://www.xornalistas.com/mediateca/documentos/leyaudiovisualfop.pdf

El Sector Estatal de Medios de Comunicación de FSC-CCOO manifiesta su preocupación por la Ley General Audiovisual que el Ejecutivo está impulsando sin contar con los agentes sociales, y que supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo adecuado en un modelo de economía sostenible.

El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal.

El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo ha aprobado, y que se encuentra ya en su trámite parlamentario, deroga toda la legislación vigente del sector, desde la ley del tercer canal, la ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la ley general de telecomunicaciones y la ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes.

Para CCOO, el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, pero este proyecto supone una desregulación que va a permitir, a quienes desde la gestión más criticable han manifestado su voluntad de privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas de su competencia, tirar por tierra proyectos empresariales públicos de más de 20 años de andadura, sin tener en cuenta el esfuerzo de sus profesionales.

CCOO critica del proyecto la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica. El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal, con la correspondiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta.

Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que, a su vez, es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.

El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Para CCOO, la ley debe comprometer las licencias y los contratos mercantiles suscritos con el Estado a un mínimo de producción propia interna, como garantía de estabilidad y empleo de calidad. Esto podría evitar lo que ya se viene padeciendo desde las televisiones privadas, a costa de hacer negocio con esas licencias y de reducir costes laborales, sin respuesta de la Administración por los incumplimientos de la Ley de la Televisión Privada.

CCOO sigue apostando por un sector audiovisual que informe, entretenga y eduque, ya sea desde las radiotelevisiones de titularidad estatal como desde los operadores privados, respetando el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social, por lo que está redoblando sus esfuerzos desde las empresas afectadas y desde las instituciones, para conseguir las modificaciones necesarias de esta futura ley.

Por la defensa del servicio público, el empleo de calidad y en contra de la privatización de las radios y televisiones públicas

UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.

CCOO y UGT quieren modificar el proyecto de ley.

UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.

La ley deberá obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación en concurso público de las concesiones, respecto a infraestructura, plantillas y producción propia.

Ambos sindicatos reclaman el mantenimiento de la actual doctrina relativa al servicio público esencial audiovisual, tanto para operadores públicos como privados.

UGT y CCOO consideran imprescindible que el proyecto de ley garantice el mantenimiento del empleo estable y de calidad en el sector, conservando dentro de la actividad ordinaria de las corporaciones públicas, los programas informativos y aquellos que expresamente determinen los Mandatos Marco aprobados en cada parlamento territorial, sin posibilidad de recurso a modalidades de subcontratación. De igual manera la nueva ley deberá incorporar la actual regulación dispuesta en la vigente Ley de Televisión Privada relativa a los medios propios necesarios para el desarrollo de la actividad

CCOO y UGT destacan que el Estado no puede limitarse a dejar en manos de las comunidades autónomas el futuro de los medios de comunicación tal y como hace en este proyecto de Ley Audiovisual, renunciando así a ejercer su competencia exclusiva, en el establecimiento de la normativa básica de todos los medios de comunicación social, competencia que establece el artículo 149 de la Constitución Española.

Los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y relevante, tal y como recogen la Constitución Española y la Directiva 2007/65 de la Unión Europea. Y esto no será posible si la futura Ley Audiovisual deroga el concepto actual de Servicio Público esencial. La pluralidad informativa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo están en juego.

J. MONTABES - R. BULTÓ Y R. FONT - El Pais 17/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/asignatura/pendiente/democracia/elpepusoc/20091017elpepisoc_7/Tes

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley General Audiovisual, que iniciará en breve su tramitación parlamentaria. Si se siguen los trámites habituales, entrará en vigor, previsiblemente, después del 3 de abril de 2010, fecha de la plena digitalización. Lejos de ser su causa y origen, el próximo apagón analógico ha añadido argumentos a la necesidad de un marco normativo que defina con claridad las reglas del juego en el espacio público audiovisual, de acuerdo con los parámetros europeos y los de una democracia avanzada. Cabe esperar pues que las Cortes Generales acaben dando forma a una norma moderna, sistemática, flexible en cuanto a su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. Y cabe esperar también que la nueva ley se corresponda con las características propias de la legislación básica estatal, respetando el margen de desarrollo que corresponde a las Comunidades Autónomas y que emana de sus Estatutos de Autonomía. Una norma que ponga fin al régimen vigente, que pivota esencialmente sobre los parámetros legislativos establecidos en los años ochenta y que, según hemos denunciado en foros diversos, presenta unos rasgos claros de obsolescencia. Esperamos, en definitiva, una norma que acabe con la tendencia a abordar los problemas de forma singular, al hilo de debates, intereses y alianzas tácticas con actores concretos de la escena audiovisual.

Dicho todo lo anterior, procede hacer ahora dos consideraciones generales: en primer lugar, debemos lamentar la escasa transparencia y participación con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos. Si nos fijamos en otros países avanzados del entorno europeo (el Reino Unido es el paradigma), la elaboración de la norma general ordenadora del sector estuvo precedida de una serie de documentos preparatorios y debates públicos, en los que se pusieron sobre la mesa tanto las intenciones y proyectos del Gobierno correspondiente como las posiciones y observaciones de los actores implicados. Poco de esto ha sucedido en nuestro país. Más concretamente, hay que decir que los consejos audiovisuales autonómicos, que constituyen el modelo de regulador al cual parece dirigirse finalmente el legislador estatal, no han tenido la oportunidad de participar en esta fase legislativa previa, tal y como hubieran deseado. Cualquier intento de estas instituciones de hacer una mínima aportación constructiva basada en la propia experiencia ha obtenido como respuesta el silencio, siempre con la sensación de que otros actores del sector, muchos de ellos directamente afectados por la nueva regulación, eran en cambio considerados como interlocutores válidos, siempre en el marco de un proceso de diálogo y consulta, cuanto menos, opaco.

En segundo lugar, merece la pena reiterar aquí la necesidad de que el legislador acometa la creación de un organismo regulador independiente en esta materia. Fruto de la falta de un regulador efectivo de ámbito estatal, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han empezado ya a actuar contra España con cierta contundencia, precisamente, por la deficiente aplicación de la normativa europea en materia audiovisual, y en particular en lo que se refiere a la aplicación de los límites de saturación publicitaria y la prohibición de la pornografía en abierto. En este último caso, quizá sea la presión de las instituciones comunitarias y la de nuestros propios consejos reguladores la que habría llevado al Gobierno a introducir de manera expresa dicha prohibición, que pondrá fin a una deficiencia mantenida durante cerca de veinte años. Es necesario pues que la nueva ley dote al regulador de la independencia y de los poderes necesarios, no sólo ni principalmente sancionadores, sino también normativos y de adjudicación de licencias (y también de fomento de la auto y la co-regulación) para cumplir con sus responsabilidades.

La ordenación razonable de la comunicación audiovisual constituye seguramente una de las últimas asignaturas pendientes para consolidar nuestra madurez democrática. Esperemos que el legislador no desaproveche esta oportunidad.

Juan Montabes Audiovisual de Andalucía; Ramón Bultó, del Consejo Audiovisual de Navarra, y Ramón Font, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que está excesivamente influenciada por los operadores privados. atiende más a la liberalización que a la regulación de todo el sector y se muestra rehén de decisiones parciales anteriores.

La Autoridad Audiovisual nace con competencias recortadas y se fía en exceso a la autorregulación del sector, de triste experiencia.

Tras años de compromisos de diversos gobiernos para ordenar el sector audiovisual, sometido a normativas dispersas, y para dotarlo de una ley general y de una autoridad audiovisual como las existentes en toda Europa, el Gobierno ha aprobado por fin el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que presentó a finales de junio.

Esto debería alegrar a quienes desde hace demasiado tiempo hemos venido reclamando una regulación del sector audiovisual que garantice el derecho a la información de la ciudadanía, acabando con las radiotelevisiones públicas de partido, y también el derecho a una programación digna y de calidad. Una exigencia que alcanza también a las privadas, que en estos años han profundizado en las simas más bajas de teleporquería y de banalización y degradación del entretenimiento. También deberíamos alegrarnos los que exigíamos la necesidad de una autoridad audiovisual independiente del Gobierno, que vele de forma vinculante por el cumplimiento de esos objetivos y tenga capacidad para sancionar y también para adjudicar las licencias radioeléctricas, con el fin de acabar con los favoritismos y clientelismo que comportan dejarlo en manos de los gobiernos.

Sin embargo, nos hemos topado con un proyecto de ley audiovisual que se aleja de los primeros proyectos del 2005, inspirados en el Comité de expertos que el primer gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó para dar satisfacción a las exigencias de sectores de la comunicación, los usuarios y los profesionales de la información. Ha llovido desde entonces y nuevos actores, principalmente operadores privados, han aparecido con fuerza hasta el punto de influir decisivamente en una ley que más que regular el sector aparece como liberalizadora del mismo. No por casualidad, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha aplaudido indisimuladamente el anteproyecto.

La propuesta del Gobierno no parte de una concepción global de servicio público exigible a todo el sector audiovisual, sino que introduce el principio de “interés general” y limita el servicio público a los medios de titularidad pública, a quienes impone más obligaciones que derechos. Entre ellas, la “contabilidad analítica” que separe la programación de servicio público de la comercial, como si fuera fácil de delimitar, y más en el caso de autonómicas y locales con función de normalización de la lengua propia, que atraviesa toda la programación.

El proyecto aprobado hoy consagra medidas anteriores, como las nuevas condiciones para la fusión entre operadores, la TDT de pago y la eliminación de la publicidad en la radiotelevisión estatal, que será un modelo a generalizar –UTECA presiona en ese sentido– y que condicionará al sector audiovisual público autonómico y local. Además, limita a las televisiones públicas la compra de derechos de grandes retransmisiones deportivas y de las grandes producciones cinematográficas, lo que redundará en el raquitismo del sector público que no podrá competir con la lógica puramente mercantil de las privadas.

El proyecto se refiere siempre al “mercado audiovisual” y no menciona el derecho fundamental a la información de la ciudadanía.

Se crea una Autoridad Audiovisual, pero sin las competencias que debiera tener como la de conceder licencias, que ya tienen organismos análogos de comunidades autónomas. Esa competencia queda en manos del Gobierno. La capacidad sancionadora de la autoridad audiovisual viene limitada por la “autoregulación” propuesta, de triste experiencia en el sector.

No se contemplan unos medios públicos audiovisuales fuertes, que garanticen un porcentaje mayoritario de producción interna, y con ello una garantía de empleo estable. No se contempla tampoco añadir a los requisitos para los concursos de licencias compromisos de empleo estable, o de derechos profesionales como los Estatutos de Redacción.

Las licencias se concederán por periodos de 15 años, en vez de 10 como hasta ahora, con un máximo de tres. Pero poniendo el contador a cero, es decir, ignorando los años anteriores, de forma que grandes operadores tienen garantizada licencia por 45 años, gracias a la “renovación automática” prevista.

El “tercer sector”, o medios comunitarios, apenas si se contempla, y se le exige contenidos determinados a la vez que se le impide tener publicidad.

Valoramos en cambio los avances en materia de protección de la infancia y de limitaciones, aunque mejorables, a la publicidad.

Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reconoce lo positivo de estar a las puertas de una Ley de la Comunicación Audiovisual, tan necesaria como la Autoridad que vigile de su cumplimiento con eficacia. Pero, al mismo tiempo, alerta de los peligros de consagrar en la ley principios que responden a la rentabilidad económica inmediata de los operadores privados y no a la necesidad ciudadana de un audiovisual entendido como servicio público.

La FeSP planteará a los grupos parlamentarios las enmiendas oportunas, de acuerdo con las organizaciones sociales, para que no se desaproveche la oportunidad, largamente esperada, de situar el sector audiovisual al servicio de derechos fundamentales y no del negocio privado.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP