TEXTO FINAL (1 abril 10)
PROYECTO Ley SENADO (10 marzo 10)
Enmiendas Senado (17 febrero 10)
PROYECTO LEY CONGRESO (7 enero 10)
Proyecto de Ley del Gobierno (16 oct 09)
Enmiendas en Congreso (4 dic 09)
Alegaciones ReMC (agosto 09)
——- recorrido Ley AV ——-
> Nov 2009-marzo10 Tramitación parlamentaria
> Octubre 2009: aprobación del Proyecto de Ley en Consejo Ministros el 16 octubre.
> septiembre 09:
- Dictamen Consejo Estado (17 sep)
- Gobierno realiza modificaciones en anteproyecto incluyendo algunas recomendaciones de CE, CMT y CNC.
> Agosto 09: Se abre Tramite de Audiencia en el Consejo de Estado
> Julio 09: Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia.
> Junio 09: aprobado anteproyecto en Consejo de Ministros 26 de junio, el texto es remitido al Consejo de Estado. Texto anteproyecto
CCOO rechaza la Ley audiovisual porque desregula el sector y no garantiza el empleo
Viernes 10 de Julio de 2009
http://congresos.ccoo.es/fsc/diaAdiaNoticia.asp?secuencial=739
El Sector de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO manifiesta su preocupación por el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que ha sido elaborado por el Ejecutivo sin contar con los agentes sociales y que supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible.
El anteproyecto deroga toda la legislación vigente del sector: la Ley del tercer canal, la Ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes. Si bien es cierto que el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, también lo es que este anteproyecto supone una desregulación y no una ordenación del sector.
Cabe destacar la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica, y se convierte en un elemento marginal, con la consiguiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta. Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que a su vez es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera, los ciudadanos no tienen garantizada su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.
El anteproyecto no define el modelo de producción audiovisual en la España del siglo XXI, es meramente una concesión para que los operadores fuertes hagan lo que quieran sin ningún control. Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan a pequeñas productoras. Se elimina la producción propia interna, lo que conlleva la precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales. La destrucción del sector supone la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva, que muchos trabajadores de los medios están padeciendo, por la falta de regulación y de control.
El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Si queremos tener una industria de la comunicación audiovisual sostenible que se sustente en los valores democráticos, la ley debe comprometer las licencias, los contratos mercantiles suscritos con el Estado, a un mínimo de producción propia interna, garantía de estabilidad y empleo de calidad. Estamos ante una reconversión de sector, auspiciado por el Gobierno sin consenso con los partidos políticos, los sindicatos y los grupos sociales, que deja al margen del debate a la sociedad. Los trabajadores de los medios de comunicación llevan padeciendo desde hace mucho tiempo las arbitrariedades empresariales en cuanto a la desregulación de sus condiciones de trabajo. Con esta reconversión sectorial que el Gobierno ha iniciado, la estabilidad del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo está en riesgo.
CCOO sigue apostando por un modelo que informe, entretenga y eduque, tanto de las radiotelevisiones de titularidad estatal como los operadores privados, desde el respeto y el cumplimiento del marco normativo sectorial, laboral y social.
En la prensa se dice
Consejo de Ministros “La Ley Audiovisual es dinámica, coherente y liberalizadora”
http://www.vertele.com/noticias/detail.php?id=23342
De la Vega se sirve fría la venganza audiovisual sobre la CMT
Capital News - Madrid,Spain
http://www.capitalnews.es/articulo.php?n=090630032331
Ley audiovisual. uteca y los sindicatos de periodistas piden a los …
elEconomista.es - Madrid,Madrid,Spain
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1367224/06/09/Ley-audiovisual-uteca-y-los-sindicatos-de-periodistas-piden-a-los-partidos-que-no-se-repartan-el-cema-por-cuotas.html
La FeSP exige que el Consejo Estatal De Medios Audiovisuales no se convierta en un simple reparto de puestos entre los partidos
Acuerda iniciar los trámites para constituir una gestora que defienda los derechos de autoría de los periodistas
Madrid, 28 de junio de 2009
http://www.fesp.org/comunicados2.php?id=164
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) celebra que por fin, después de seis años de promesas y de reiteradas conversaciones, el Gobierno cumpla un compromiso electoral del PSOE y haya dado el primer paso para que sea tramitada y aprobada la Ley General Audiovisual.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP –reunida este último fin de semana en Madrid– considera positivo que en el anteproyecto de ley se prevea constituir un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como venimos reclamando desde hace años. España es una importante potencia mundial pero, paradójicamente, es la única democracia europea en la que no existe un órgano de este tipo.
Los siete consejeros de este órgano, encargado de controlar que se cumpla esa ley serán, nombrados por el Congreso para un periodo de seis años. La FeSP reclama al Gobierno y al Parlamento que esas personas sean elegidas por su capacidad profesional y que no se conviertan en un simple reparto de cuotas de poder entre los partidos políticos, como ha ocurrido con otros órganos. Además, la Ejecutiva Federal exige que la elección respete la Ley de Igualdad.
La Ejecutiva Federal de la FeSP también ha acordado insistir, una vez más, en la necesidad de que sea regulada por ley la profesión periodística, tanto desde un punto de vista profesional como laboral, tal y como prometió en la anterior legislatura José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, la FeSP va a llevar a cabo una campaña informativa para que los profesionales de los medios de comunicación y la ciudadanía conozcan las reivindicaciones que planteamos, encaminadas a que sea una realidad el derecho constitucional a recibir una información veraz y plural.
También se denunciarán los peligros que representa para la profesión periodística -y, en consecuencia, para la ciudadanía- cualquier propuesta que planteen otras organizaciones profesionales, sociales o políticas que sean contrarias a los derechos profesionales y laborales de los profesionales de la información y, por tanto, de la ciudadanía.
La Junta Ejecutiva Federal ha acordado, asimismo, iniciar los trámites para constituir una gestora que defienda los derechos de autoría de los periodistas, que los editores reclaman como suyos en exclusiva cuando no les pertenecen.
La FeSP ha reorganizado la composición de su Junta Ejecutiva Federal, con la creación de nuevas vocalías para responder a las nuevas necesidades de la profesión. En total, 18 personas constituyen la nueva dirección de la Federación de Sindicatos de Periodistas.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
ASIMELEC remite carta al Consejo de Estado para quejarse sobre la exclusión de empresas TIC en el Anteproyecto Ley Audiovisual
Denuncia que este proceder se está convirtiendo en algo habitual, pues la industria también fue excluida del anteproyecto de ley de financiación de RTVE
16/07/2009 http://www.asimelec.es/Items/ItemDetail.aspx?ID=1916
* Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, “por lo poco que conocemos del Anteproyecto de Ley Audiovisual, nos gustaría hacer saber al Gobierno nuestro punto de vista, sobre todo porque pensamos que es una Ley pensada, desarrollada y basada en la realidad actual de este mercado, pero que no contempla ni prevé el futuro del sector audiovisual”.
Madrid, 16 de julio de 2009.- ASIMELEC ha remitido una carta al Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio, para expresar su queja ante el hecho de que no se ha informado ni consultado al sector de empresas de Tecnologías de la Información Telecomunicaciones y Electrónica de Consumo (TIC), que operan en nuestro país, de la elaboración del Anteproyecto de Ley General de Ia Comunicación Audiovisual.
Según el texto remitido por ASIMELEC, esta actitud es grave ya que todos los sectores antes mencionados se verán afectados directamente por las disposiciones contenidas en el texto de anteproyecto de Ley.
Igualmente, ASIMELEC hace partícipe al Consejo de Estado, que esta forma de actuar se está convirtiendo en algo habitual, “pues, tampoco se han consultado a las empresas en relación con el anteproyecto de ley de financiación de RTVE”.
En el mismo texto, ASIMELEC, solicita audiencia al Consejo de Estado, con la finalidad de presentar las debidas alegaciones, y de acuerdo a los establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1 980, de 22 de abril de Consejo de Estado.
Según Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, “estamos preocupados por esta actitud de exclusión del sector en el desarrollo de la nueva legislación por su impacto directo en las empresas. A este respecto –dice Pérez–, por lo poco que conocemos del Anteproyecto de Ley Audiovisual, nos gustaría hacer saber al Gobierno nuestro punto de vista, sobre todo porque pensamos que es una Ley pensada, desarrollada y basada en clave de pasado de este mercado, pero que no contempla ni prevé el futuro del sector audiovisual”.
ASIMELEC, Asociación Multisectorial de Empresas de TecnoIogias de Ia Información, Comunicaciones y Electrónica, se constituye en 1984 como una asociación de importadores de productos de electrónica. En la actualidad, ASIMELEC ha evolucionado hasta abarcar todos los sectores del macro sector TIC, siendo Ia única asociación del Sector que agrupa a Fabricantes, Comercializadores, Distribuidores y en el caso del sector de Telecomunicaciones, a Instaladores
Su finalidad es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas del Sector TIC en España, mediante Ia defensa de sus asociados y el desarrollo del Sector. ASIMELEC representa a más de 2.500 empresas que dan trabajo directo a 300.000 personas y su facturación supone en torno al 4,5% del PIB de España. URL: http://www.asimelec.es
AUC denuncia la “impunidad” que supone para las cadenas la nueva Ley Audiovisual
El Anteproyecto de la LGCA evita sanciones y libera de toda responsabilidad a las televisiones en relación a la publicidad
Madrid, 13 de Julio de 2009. En sus observaciones sobre el Anteproyecto, remitidas al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) critica “el amplio margen de impunidad con el que parece beneficiase a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva en caso de producirse incumplimientos de la normativa publicitaria, en detrimento de la autoridad audiovisual y en franca contradicción con las competencias ya asumidas por los consejos audiovisuales de las Comunidades Autónomas”.
AUC denuncia que la propuesta del Gobierno no sólo reduce en algunos aspectos el actual nivel de protección de los espectadores, sino que incumple los mínimos de la Directiva comunitaria que pretende transponer.
Así, el Anteproyecto elimina cualquier referencia a obligaciones contempladas en la actual ley 25/1994, como la calificación por edades todos los contenidos emitidos; la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres; la identificación de telepromociones y publirreportajes con la advertencia “publicidad” visible en la pantalla durante su emisión, o la no inclusión de mensajes de venta directos en los patrocinios.
Además, conculca la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales en aspectos como la posibilidad de emisión de contenidos pornográficos en abierto o de realizar emplazamiento de producto en programas infantiles.
Pero lo más grave, en opinión de AUC, es que el Anteproyecto despoja de competencias al futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en un doble sentido:
* Por un lado, el artículo 8.2 establece que la autoridad audiovisual competente “podrá alcanzar acuerdos con el prestador del servicio para modificar el contenido audiovisual o, en su caso, poner fin a la emisión del contenido ilícito. El efectivo cumplimiento del acuerdo por parte del prestador pondrá fin a los procedimientos sancionadores que se hubiesen iniciado en relación con el contenido audiovisual objeto del acuerdo”. Es decir, se libera en la práctica a las televisiones de cualquier riesgo de sanción por la emisión de contenidos ilícitos y, por ende, de cualquier responsabilidad de vigilancia de sus emisiones. Ya que, en caso de que dichos contenidos fueran detectados o denunciados y dieran lugar a un expediente, les bastaría con asumir un posible acuerdo con autoridad audiovisual para que finalice el procedimiento del expediente y para evitar la imposición de la sanción que, en su caso, pudiera corresponderles por el tiempo en el que los contenidos ilícitos se hayan estado efectivamente emitiendo.
* Por otro, el artículo 59, que señala que los prestadores del servicio televisivo no son responsables ante la autoridad audiovisual cuando emiten “comunicaciones comerciales elaboradas por personas ajenas al prestador y que supongan una infracción de acuerdo con la normativa vigente sobre publicidad”, aunque habrán de cesar en la emisión de esa publicidad ilícita a requerimiento de la autoridad audiovisual o de sus órganos de autorregulación. Ello incide en la impunidad de las cadenas, menoscaba las competencias del Consejo Audiovisual estatal frente a las que sí tienen los consejos autonómicos (que actúan contra las televisiones por publicidad ilícita y prohibida) e incluso incumple la Directiva, la cual, en su artículo 3.6, insta a los Estados miembros a velar “por que los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción cumplan efectivamente las disposiciones de la presente Directiva”.
Además, en esa misma línea de liberar a las cadenas de responsabilidad, el Anteproyecto suprime la posibilidad de ejercer la acción de cesación contra la publicidad ilícita emitida por las cadenas prevista tanto en la Ley 25/1994 como en la normativa comunitaria (Directiva 1998/27/CE, de 19 de mayo, sobre acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores), ignorándose de nuevo un mandato obligatorio proveniente de la Unión Europea.
CEAPA reclama que la futura Ley de la Comunicación
Audiovisual no permita la emisión en abierto de contenidos que perjudiquen seriamente a los menores
En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) le pide que la futura Ley General de la Comunicación Audiovisual no permita a las operadoras de televisión emitir en abierto contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, moral y mental de los menores, como son la pornografía y la violencia gratuita. CEAPA propone que estos contenidos sólo puedan emitirse entre la 01.00 y las 05.00 y en acceso restringido (codificado o sistema técnico similar).
CEAPA también quiere que se prohíba la emisión en abierto de contenidos que atenten contra el sistema democrático de valores y, en particular, los que fomenten el odio o discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
Esta confederación de asociaciones de madres y padres de la escuela
pública propone que los contenidos sobre juegos de azar sólo puedan ser
ofrecidos al público entre la 01.00 y las 05.00.
El artículo 6 del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno prohíbe emitir entre las 06.00 y las 22.00 contenidos perjudiciales para el menor,
relacionados con la violencia gratuita, la pornografía y los programas
dedicados exclusivamente a juegos de azar o apuestas, lo que, a juicio de esta confederación, permitiría emitir este tipo de contenidos a partir de las 22.00. Los contenidos audiovisuales calificados como “X” sólo podrán emitirse entre la 01.00 y las 05.00, según este anteproyecto de ley.
Así mismo, a juicio de CEAPA, los poderes públicos deben velar por que en la programación televisiva, y en particular en las televisiones públicas, se reserve un porcentaje importante de contenidos a programas educativos y, en general, destinados a la mejora del nivel moral, ético y de formación de los menores. Además, plantea que el futuro Consejo Audiovisual elabore un decálogo de buenas prácticas televisivas en relación con los menores.
No obstante, a esta confederación de madres y padres este anteproyecto le merece una opinión positiva, pues su articulado supone un avance en la protección de los menores con respecto a la situación actual,
fundamentada exclusivamente en la autorregulación de las operadoras, y
adapta la legislación española a la normativa comunitaria y a sus
principios.
Madrid, 22 de septiembre de 2009 http://www.ceapa.es
UGT advierte de que el proyecto de Ley Audiovisual “pone en peligro la pervivencia” de las televisiones autonómicas. 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión General de Trabajadores advirtió hoy de que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros, “pone en peligro la pervivencia de las radios y televisiones autonómicas como empresas públicas” y los más de 10.000 puestos de trabajos directos que generan.
Así, la UGT anunció en un comunicado que ha iniciado contactos con distintas fuerzas políticas para modificar el proyecto durante la tramitación parlamentaria, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de legislar para el sector público audiovisual territorial “de la misma forma que ha legislado para RTVE”.
En este sentido, el sindicato se queja de que el proyecto de ley se “limita” a derogar las vigentes leyes del Tercer Canal y del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre otras normas, trasladando las competencias en materia audiovisual a las Comunidades Autónomas, “sin desarrollar una legislación básica que garantice a toda la ciudadanía su acceso a una información veraz de carácter regional y local”.
A juicio de la UGT, es “imprescindible” que la futura ley garantice la permanencia de los servicios informativos y la programación y servicios contratados por los parlamentos territoriales dentro de la actividad ordinaria de los Entes y Corporaciones Públicas, sin posibilidad de cesión o subcontratación total o parcial a terceros, “asegurando mecanismos de financiación suficientes para ejercer su deber constitucional de prestación de un servicio público de calidad, plural, veraz y democrático”.
Asimismo, la organización señala que el proyecto debería modificarse también para “facilitar” que las comunidades autónomas que ahora mismo no tienen servicios públicos audiovisuales (Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra) desarrollen convenios de colaboración con RTVE que “favorezcan la implantación de un mapa completo de prestación del servicio público Audiovisual en el ámbito territorial”.
“Sólo se podrá garantizar a los ciudadanos su derecho a una información plural, veraz y relevante si los trabajadores de los medios de comunicación tienen unas condiciones laborales estables y dignas. Con el actual proyecto, en cambio, peligran miles de puestos de trabajo y se posibilita la precarización de sus condiciones laborales”, concluye el sindicato.
LEY AUDIOVISUAL. CEACCU VE LA LEY “PLEGADA” A LAS TELEVISIONES: “MÁS PUBLICIDAD Y MÁS IMPUNIDAD” 16/10/2009 SERVIMEDIA
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) manifestó hoy su ?insatisfacción? con el proyecto de ley audiovisual, porque la considera “plegada a los intereses” de las televisiones, a las que les permitirá emitir “más publicidad” y les da “más margen para la impunidad” en los incumplimientos.
A juicio de Ceaccu, la ley es poco exigente en materia de publicidad y de protección a los menores, aunque se haya mejorado en el trámite de consultas del anteproyecto con cambios como la prohibición del porno en abierto.
Asimismo, la confederación de consumidores cree que el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema) no tendrá una representación suficiente de los colectivos de usuarios y ciudadanos si prospera el redactado que hoy aprobó el Consejo de Ministros.
LEY AUDIOVISUAL. LAS RADIOS LIBRES SE SIENTEN “DISCRIMINADAS” CON LA LEY. 16/10/2009 SERVIMEDIA
La sección europea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) se opuso hoy al proyecto de ley audiovisual, porque lo considera “discriminatorio” para estas emisoras, al imponerles unas “restricciones” y “exigencias” que no se exigirán a las radios comerciales.
Amarc considera que la ley “se realiza desde una visión empresarial de la comunicación, en vez de plantearse como el desarrollo de derechos fundamentales”. Justifica esta queja por el artículo 23 , referido al uso social de los medios de comunicación. Cree que este precepto permite que organizaciones sin ánimo de lucro promuevan radios y televisiones comunitarias, “pero de forma marginal”.
“La actual redacción es muy deficiente y contraviene la directiva europea de Servicios de Medios Audiovisuales, ya que no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios mientras se establecen unas restricciones y exigencias que no realizan a los servicios de comunicación comerciales”, afirma la asociación en un comunicado.
El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado hoy por el Gobierno deberá ser mejorado.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que está excesivamente influenciada por los operadores privados. atiende más a la liberalización que a la regulación de todo el sector y se muestra rehén de decisiones parciales anteriores.
La Autoridad Audiovisual nace con competencias recortadas y se fía en exceso a la autorregulación del sector, de triste experiencia.
Tras años de compromisos de diversos gobiernos para ordenar el sector audiovisual, sometido a normativas dispersas, y para dotarlo de una ley general y de una autoridad audiovisual como las existentes en toda Europa, el Gobierno ha aprobado por fin el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que presentó a finales de junio.
Esto debería alegrar a quienes desde hace demasiado tiempo hemos venido reclamando una regulación del sector audiovisual que garantice el derecho a la información de la ciudadanía, acabando con las radiotelevisiones públicas de partido, y también el derecho a una programación digna y de calidad. Una exigencia que alcanza también a las privadas, que en estos años han profundizado en las simas más bajas de teleporquería y de banalización y degradación del entretenimiento. También deberíamos alegrarnos los que exigíamos la necesidad de una autoridad audiovisual independiente del Gobierno, que vele de forma vinculante por el cumplimiento de esos objetivos y tenga capacidad para sancionar y también para adjudicar las licencias radioeléctricas, con el fin de acabar con los favoritismos y clientelismo que comportan dejarlo en manos de los gobiernos.
Sin embargo, nos hemos topado con un proyecto de ley audiovisual que se aleja de los primeros proyectos del 2005, inspirados en el Comité de expertos que el primer gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó para dar satisfacción a las exigencias de sectores de la comunicación, los usuarios y los profesionales de la información. Ha llovido desde entonces y nuevos actores, principalmente operadores privados, han aparecido con fuerza hasta el punto de influir decisivamente en una ley que más que regular el sector aparece como liberalizadora del mismo. No por casualidad, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha aplaudido indisimuladamente el anteproyecto.
La propuesta del Gobierno no parte de una concepción global de servicio público exigible a todo el sector audiovisual, sino que introduce el principio de “interés general” y limita el servicio público a los medios de titularidad pública, a quienes impone más obligaciones que derechos. Entre ellas, la “contabilidad analítica” que separe la programación de servicio público de la comercial, como si fuera fácil de delimitar, y más en el caso de autonómicas y locales con función de normalización de la lengua propia, que atraviesa toda la programación.
El proyecto aprobado hoy consagra medidas anteriores, como las nuevas condiciones para la fusión entre operadores, la TDT de pago y la eliminación de la publicidad en la radiotelevisión estatal, que será un modelo a generalizar –UTECA presiona en ese sentido– y que condicionará al sector audiovisual público autonómico y local. Además, limita a las televisiones públicas la compra de derechos de grandes retransmisiones deportivas y de las grandes producciones cinematográficas, lo que redundará en el raquitismo del sector público que no podrá competir con la lógica puramente mercantil de las privadas.
El proyecto se refiere siempre al “mercado audiovisual” y no menciona el derecho fundamental a la información de la ciudadanía.
Se crea una Autoridad Audiovisual, pero sin las competencias que debiera tener como la de conceder licencias, que ya tienen organismos análogos de comunidades autónomas. Esa competencia queda en manos del Gobierno. La capacidad sancionadora de la autoridad audiovisual viene limitada por la “autoregulación” propuesta, de triste experiencia en el sector.
No se contemplan unos medios públicos audiovisuales fuertes, que garanticen un porcentaje mayoritario de producción interna, y con ello una garantía de empleo estable. No se contempla tampoco añadir a los requisitos para los concursos de licencias compromisos de empleo estable, o de derechos profesionales como los Estatutos de Redacción.
Las licencias se concederán por periodos de 15 años, en vez de 10 como hasta ahora, con un máximo de tres. Pero poniendo el contador a cero, es decir, ignorando los años anteriores, de forma que grandes operadores tienen garantizada licencia por 45 años, gracias a la “renovación automática” prevista.
El “tercer sector”, o medios comunitarios, apenas si se contempla, y se le exige contenidos determinados a la vez que se le impide tener publicidad.
Valoramos en cambio los avances en materia de protección de la infancia y de limitaciones, aunque mejorables, a la publicidad.
Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reconoce lo positivo de estar a las puertas de una Ley de la Comunicación Audiovisual, tan necesaria como la Autoridad que vigile de su cumplimiento con eficacia. Pero, al mismo tiempo, alerta de los peligros de consagrar en la ley principios que responden a la rentabilidad económica inmediata de los operadores privados y no a la necesidad ciudadana de un audiovisual entendido como servicio público.
La FeSP planteará a los grupos parlamentarios las enmiendas oportunas, de acuerdo con las organizaciones sociales, para que no se desaproveche la oportunidad, largamente esperada, de situar el sector audiovisual al servicio de derechos fundamentales y no del negocio privado.
Junta Ejecutiva Federal de la FeSP
La asignatura pendiente de la democracia
J. MONTABES - R. BULTÓ Y R. FONT - El Pais 17/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/asignatura/pendiente/democracia/elpepusoc/20091017elpepisoc_7/Tes
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley General Audiovisual, que iniciará en breve su tramitación parlamentaria. Si se siguen los trámites habituales, entrará en vigor, previsiblemente, después del 3 de abril de 2010, fecha de la plena digitalización. Lejos de ser su causa y origen, el próximo apagón analógico ha añadido argumentos a la necesidad de un marco normativo que defina con claridad las reglas del juego en el espacio público audiovisual, de acuerdo con los parámetros europeos y los de una democracia avanzada. Cabe esperar pues que las Cortes Generales acaben dando forma a una norma moderna, sistemática, flexible en cuanto a su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. Y cabe esperar también que la nueva ley se corresponda con las características propias de la legislación básica estatal, respetando el margen de desarrollo que corresponde a las Comunidades Autónomas y que emana de sus Estatutos de Autonomía. Una norma que ponga fin al régimen vigente, que pivota esencialmente sobre los parámetros legislativos establecidos en los años ochenta y que, según hemos denunciado en foros diversos, presenta unos rasgos claros de obsolescencia. Esperamos, en definitiva, una norma que acabe con la tendencia a abordar los problemas de forma singular, al hilo de debates, intereses y alianzas tácticas con actores concretos de la escena audiovisual.
Dicho todo lo anterior, procede hacer ahora dos consideraciones generales: en primer lugar, debemos lamentar la escasa transparencia y participación con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos. Si nos fijamos en otros países avanzados del entorno europeo (el Reino Unido es el paradigma), la elaboración de la norma general ordenadora del sector estuvo precedida de una serie de documentos preparatorios y debates públicos, en los que se pusieron sobre la mesa tanto las intenciones y proyectos del Gobierno correspondiente como las posiciones y observaciones de los actores implicados. Poco de esto ha sucedido en nuestro país. Más concretamente, hay que decir que los consejos audiovisuales autonómicos, que constituyen el modelo de regulador al cual parece dirigirse finalmente el legislador estatal, no han tenido la oportunidad de participar en esta fase legislativa previa, tal y como hubieran deseado. Cualquier intento de estas instituciones de hacer una mínima aportación constructiva basada en la propia experiencia ha obtenido como respuesta el silencio, siempre con la sensación de que otros actores del sector, muchos de ellos directamente afectados por la nueva regulación, eran en cambio considerados como interlocutores válidos, siempre en el marco de un proceso de diálogo y consulta, cuanto menos, opaco.
En segundo lugar, merece la pena reiterar aquí la necesidad de que el legislador acometa la creación de un organismo regulador independiente en esta materia. Fruto de la falta de un regulador efectivo de ámbito estatal, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han empezado ya a actuar contra España con cierta contundencia, precisamente, por la deficiente aplicación de la normativa europea en materia audiovisual, y en particular en lo que se refiere a la aplicación de los límites de saturación publicitaria y la prohibición de la pornografía en abierto. En este último caso, quizá sea la presión de las instituciones comunitarias y la de nuestros propios consejos reguladores la que habría llevado al Gobierno a introducir de manera expresa dicha prohibición, que pondrá fin a una deficiencia mantenida durante cerca de veinte años. Es necesario pues que la nueva ley dote al regulador de la independencia y de los poderes necesarios, no sólo ni principalmente sancionadores, sino también normativos y de adjudicación de licencias (y también de fomento de la auto y la co-regulación) para cumplir con sus responsabilidades.
La ordenación razonable de la comunicación audiovisual constituye seguramente una de las últimas asignaturas pendientes para consolidar nuestra madurez democrática. Esperemos que el legislador no desaproveche esta oportunidad.
Juan Montabes Audiovisual de Andalucía; Ramón Bultó, del Consejo Audiovisual de Navarra, y Ramón Font, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
CCOO y UGT reclaman al Gobierno la modificación del proyecto de Ley audiovisual. 21 de Octubre de 2009
Por la defensa del servicio público, el empleo de calidad y en contra de la privatización de las radios y televisiones públicas
UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.
CCOO y UGT quieren modificar el proyecto de ley.
UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.
La ley deberá obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación en concurso público de las concesiones, respecto a infraestructura, plantillas y producción propia.
Ambos sindicatos reclaman el mantenimiento de la actual doctrina relativa al servicio público esencial audiovisual, tanto para operadores públicos como privados.
UGT y CCOO consideran imprescindible que el proyecto de ley garantice el mantenimiento del empleo estable y de calidad en el sector, conservando dentro de la actividad ordinaria de las corporaciones públicas, los programas informativos y aquellos que expresamente determinen los Mandatos Marco aprobados en cada parlamento territorial, sin posibilidad de recurso a modalidades de subcontratación. De igual manera la nueva ley deberá incorporar la actual regulación dispuesta en la vigente Ley de Televisión Privada relativa a los medios propios necesarios para el desarrollo de la actividad
CCOO y UGT destacan que el Estado no puede limitarse a dejar en manos de las comunidades autónomas el futuro de los medios de comunicación tal y como hace en este proyecto de Ley Audiovisual, renunciando así a ejercer su competencia exclusiva, en el establecimiento de la normativa básica de todos los medios de comunicación social, competencia que establece el artículo 149 de la Constitución Española.
Los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y relevante, tal y como recogen la Constitución Española y la Directiva 2007/65 de la Unión Europea. Y esto no será posible si la futura Ley Audiovisual deroga el concepto actual de Servicio Público esencial. La pluralidad informativa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo están en juego.
La Ley General Audiovisual desregula el sector y no garantiza el empleo ni la sostenibilidad
11 de noviembre de 2009
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio:67537
El Sector Estatal de Medios de Comunicación de FSC-CCOO manifiesta su preocupación por la Ley General Audiovisual que el Ejecutivo está impulsando sin contar con los agentes sociales, y que supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo adecuado en un modelo de economía sostenible.
El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal.
El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo ha aprobado, y que se encuentra ya en su trámite parlamentario, deroga toda la legislación vigente del sector, desde la ley del tercer canal, la ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la ley general de telecomunicaciones y la ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes.
Para CCOO, el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, pero este proyecto supone una desregulación que va a permitir, a quienes desde la gestión más criticable han manifestado su voluntad de privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas de su competencia, tirar por tierra proyectos empresariales públicos de más de 20 años de andadura, sin tener en cuenta el esfuerzo de sus profesionales.
CCOO critica del proyecto la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica. El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal, con la correspondiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta.
Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que, a su vez, es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.
El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Para CCOO, la ley debe comprometer las licencias y los contratos mercantiles suscritos con el Estado a un mínimo de producción propia interna, como garantía de estabilidad y empleo de calidad. Esto podría evitar lo que ya se viene padeciendo desde las televisiones privadas, a costa de hacer negocio con esas licencias y de reducir costes laborales, sin respuesta de la Administración por los incumplimientos de la Ley de la Televisión Privada.
CCOO sigue apostando por un sector audiovisual que informe, entretenga y eduque, ya sea desde las radiotelevisiones de titularidad estatal como desde los operadores privados, respetando el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social, por lo que está redoblando sus esfuerzos desde las empresas afectadas y desde las instituciones, para conseguir las modificaciones necesarias de esta futura ley.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual pone en peligro más de 10.000 puestos de Trabajo
10/11/2009
http://hl47.dinaserver.com/hosting/foroperiodistas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=10061
El Foro de Organizaciones de Periodistas pide a los grupos parlamentarios que acepten sus propuestas y modifiquen el proyecto de ley presentado por el Gobierno. El proyecto liberaliza todo el mercado audiovisual, deja la puerta abierta a la privatización de las televisiones públicas y otorga el derecho de autorregulación del sector privado.
Las organizaciones que componen el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) consideran imprescindible que se modifique la actual redacción del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en toda España, dejando la vía libre a la privatización de las cadenas de titularidad pública. El FOP ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar el proyecto.
La transposición obligatoria de la normativa europea en este ámbito permite legislar con la mirada puesta en el servicio público esencial que deben de tener los medios de comunicación, pero el gobierno ha optado por liberalizar todo el mercado, asegurando los intereses de los empresarios privados de la comunicación y desestabilizando tanto al sector de titularidad pública como al privado, fundamentalmente en cuanto a infraestructuras, plantillas y producción propia.
Otra de las concesiones a los empresarios de la comunicación es que se les otorga el “derecho a la autorregulación”, fórmula que se ha demostrado ineficaz durante años y que deja prácticamente indefensos a los usuarios, receptores de la comunicación. Podría haberse apostado, si no por la regulación completa, si por la corregulación, que funciona en otros países de la Unión Europea.
El FOP confía en que los grupos parlamentarios estudien y acepten las propuestas enviadas por este grupo, que aglutina a las organizaciones de periodistas más representativas del Estado español.
Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)
http://www.foroperiodistas.com/
Texto de las Consideraciones del FOP al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
http://www.xornalistas.com/mediateca/documentos/leyaudiovisualfop.pdf
LA PLATAFORMA “CON UN MAXIMO DE 12 MINUTOS DE PUBLICIDAD POR HORA, GANAMOS TODOS”, PRESENTA SU MANIFIESTO CONTRA EL TEXTO ACTUAL DE LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
05.11.09
MANIFIESTO ANTE EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, FIRMADO POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) Y LA PLATAFORMA: “CON UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN GANAMOS TODOS”, COMPUESTA POR:
Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (AGEMDI),
Asociación de Agencias de Medios (AM),
Asociación de Marketing de España (MKT),
Asociación de Medios y Agencias de Publicidad de Aragón (AMAPA),
Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP),
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC),
Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP),
Asociación Española de Anunciantes (aea),
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ),
Asociación Española de Perfumería, Cosmética y Afines (STANPA),
Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP),
Associació Empresarial de Publicitat,
Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP),
Interactive Advertising Bureau (IAB), e
International Advertising Association (IAA)
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, remitido al Congreso de los Diputados el pasado 16 de octubre por el Ministerio de la Presidencia, perjudica al ciudadano, a las empresas y a la economía; no cumple con el espíritu de la Directiva Europea ni ha tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado.
• Perjudica al ciudadano
El Proyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), permite duplicar la actual saturación publicitaria elevando hasta más de 29 minutos las formas de comunicación comercial que podrían llegar a emitirse por hora de reloj. (LGCA. Artículos: 2. 21; 13.2; 14.1 y 15.2 )
Este Proyecto de Ley agravaría aún más los datos que ya arrojan estudios como el del Instituto de Investigación GFK a nivel paneuropeo así como los del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Según GFK, el 92% de los españoles considera que hay demasiada publicidad en televisión, siendo ésta la cifra más alta de todos los países europeos comparados; igualmente en los datos del CAC se refleja que el 88,4% de los entrevistados considera que el número de anuncios es elevado, y que el exceso de publicidad es el principal problema que tiene actualmente la TV en España.
Ya la actual saturación publicitaria, con bloques de larga duración, impide el normal disfrute de cualquier programa, en algunos casos se llega a extremos en los que para ver los últimos minutos de una película o serie, el ciudadano tiene que soportar bloques de más de 20 minutos. Esta situación tiene como consecuencia un rechazo al medio y un rechazo al anunciante que financia dicho medio.
El ciudadano, ante este Proyecto de Ley, se encuentra indefenso y ve menoscabados sus derechos como telespectador frente a los telespectadores europeos, ya que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, con su actual redacción, de cada dos minutos de emisión televisiva, uno de ellos podría ser de comunicación comercial.
• Perjudica a las empresas y a la economía
El impacto de la publicidad y de las actividades promocionales para el desarrollo comercial de la empresa en la economía no deja lugar a dudas. No en vano representa casi el 3% del PIB español.
Desde un punto de vista econométrico, es evidente la relación entre publicidad y productividad empresarial, pudiendo repercutir favorablemente en los momentos de recesión de la economía.
Sin embargo, para que esto sea posible, la publicidad debe contar con el mejor panorama para propiciar estos beneficios. Con el Proyecto de Ley, este objetivo se alejaría, ya que la aún mayor saturación publicitaria que propone en el medio televisión, daña cualquier forma de publicidad y extiende este efecto negativo hacia otros medios.
Las inversiones publicitarias de las empresas anunciantes en el año 2008 ascendieron a cerca de 15.000 millones de euros, siendo el 21% en el medio televisión.
Estas inversiones se ven amenazadas al dirigirse a un consumidor cansado y saturado inmerso en un ruido publicitario que ocasiona que los mensajes de las empresas pierdan eficacia y deterioren notablemente la cuenta de resultados de éstas.
Por todo ello, se firmó en su momento (Noviembre 2005) un Acuerdo entre las Televisiones Nacionales Generalistas, la Asociación de Agencia de Medios y la Asociación de Anunciantes con el compromiso de disminuir progresivamente la publicidad en televisión para conseguir recuperar eficacia en el medio y respeto en la sociedad para las prácticas publicitarias.
• En contra del espíritu de la Directiva Europea y de las recomendaciones del Consejo de Estado
Según datos de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), los países que por ahora han transpuesto la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales: Irlanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, ninguno de ellos ha sobrepasado el límite de los 12 minutos, siguiendo el espíritu de dicha Directiva.
Ya en la anterior transposición de la llamada TV Sin Fronteras, España fue denunciada por el Tribunal de Justicia a instancias de la Comisión Europea, ya que a los 12 minutos permitidos le añadía otros 5 minutos más en concepto de “otras formas de publicidad”, llegando a los 17 minutos.
Viviane Reding, Comisaria europea de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, afirmó que «España no ha tomado las medidas necesarias para garantizar, por fin, el respeto del límite europeo de 12 minutos de anuncios publicitarios por hora de reloj. Quisiera hacer un llamamiento a las autoridades españolas para que actúen urgentemente y se ajusten a lo dispuesto por la Directiva TVSF. Si no lo hicieran, pediré a la Comisión que recurra al Tribunal de Justicia. Todos los anuncios publicitarios o de telecompra, tanto si se les llama anuncios de telepromociones, publirreportajes u otra cosa, deben contabilizarse en los 12 minutos por hora de reloj. Cualquier otra interpretación sería denegar el respeto debido a los telespectadores y los ciudadanos. Éstos pueden contar con la Comisión para defenderlos».
Este Proyecto de Ley iría en contra, como se observa, no sólo de la Comisión Europea, sino también de las recomendaciones del Consejo de Estado y más aún, también en contra de los principios que defenderá España al asumir la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de Enero del 2010.
El Consejo de Estado sí tuvo en consideración, en su informe al anteproyecto, del pasado 17 de septiembre, la posición que defendemos y el espíritu de la Directiva abogando claramente por la inclusión de las telepromociones en el cómputo total de los 12 minutos y así concluye: “El artículo 18.2 de la Directiva no ofrece apoyo a la exclusión de la telepromoción (…) debe ser suprimida esta exclusión para un estricto ajuste de la norma española con el Derecho comunitario”.
Por último y con todo respeto, pedimos que una Ley que pretende alinearse con Europa y máxime en un momento que precede a la presidencia por parte de España de la Unión Europea, no puede cometer un desliz de tal gravedad, como excluirnos de cualquier consideración de un tiempo publicitario razonable para con nuestros vecinos. No pedimos nada que no sea equipararnos a la mayoría de los ciudadanos europeos.
En definitiva, este Proyecto de Ley, en lo referente a los tiempos publicitarios, va en contra de:
• El ciudadano, que está harto de tanta saturación publicitaria,
• La empresa y la economía,
• La Unión Europea,
• El Consejo de Estado y, desde luego,
• El sentido común.
Fuente: http://www.programapublicidad.com/b2evolution/blogs/index.php?blog=15&title=la_plataforma_con_un_maximo_de_12_minuto_1&more=1&c=1&tb=1&pb=1
La CCMA propone enmiendas a la Ley Adudiovisual (11/11)
Nº 25462 - Fuente: Comunicacio21
El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha hecho llegar a los diversos grupos del Congreso y del Senado una serie de propuestas de enmienda, aprobadas por unanimidad, a la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Entre otros aspectos, las enmiendas piden que se tenga en cuenta la especificidad del marco legislativo catalán en materia audiovisual y que las comunidades autónomas puedan autorizar las emisiones provenientes de otras comunidades en su territorio sin autorización estatal previa.
Según la CCMA, el texto actual de la ley choca con las competencias de la Generalitat en materia de medios de comunicación, por lo que se pide que se precise que la ley “sólo tiene aplicación directa para los servicios que operan con licencias del Estado y que se aplica subsidiariamente a las comunidades que no hayan desplegado un marco legislativo propio”. En este sentido, también propone que el texto recoja que la ley respeta, en todos los casos, las competencias exclusivas y compartidas de las comunidades.
La Corporación, además, reclama que se tenga en cuenta la especificidad de los servicios públicos en una lengua diferente del castellano, y que se entienda que la difusión de determinados contenidos en estas lenguas es parte también del servicio público.
Emitir sin autorización estatal previa
La CCMA se muestra contraria a la necesidad de obtener una autorización estatal previa para emitir contenidos en otra comunidad autónoma, y pide que sean las mismas comunidades las que las autoricen. Considera que el texto concede al estado “discrecionalidad absoluta” y no prevé “ningún criterio” a la hora de denegar la autorización. Si se mantuviese la necesidad de una autorización estatal, la CCMA señala que se tendría que establecer un mecanismo que evitase “posibles arbitrariedades”.
En cuanto a los contenidos, la Corporación considera que el proyecto de ley establece una asimetría “excesiva” entre las obligaciones que tienen los operadores públicos y los privados, y recuerda que el conjunto de la sociedad a menudo reclama más responsabilidad en las actuaciones de todos los medios por la influencia que ejercen.
En el capítulo de la financiación de producciones europeas, la CCMA rechaza que el 6% de los ingresos sólo se destine a películas cinematográficas, como se establece ahora, sino también a telefilmes, series, documentales y productos de animación. La Corporación considera que así se podría dar continuidad a la política de inversión diversificada de TVC sin perjudicar ni la programación del medio ni el tejido de la industria audiovisual catalana.
En cuanto a la publicidad, pide que los operadores puedan insertar transparencias o servirse de pantallas divididas durante las retransmisiones deportivas, y propone que la prohibición de patrocinios actual se limite estrictamente a los espacios diarios de noticias y que queden excluidas las informaciones deportivas, meteorológicas, económicas o del tráfico.
Para la CCMA, el texto también tendría que garantizar que los servicios públicos, tanto estatales como autonómicos, dispongan de una parte del espectro radioeléctrico para la televisión de movilidad.
Algunos de estos puntos han sido tratados este martes al mediodía por Albert Sáez, presidente de la CCMA, durante su intervención en la mesa redonda La Ley General de la Comunicación Audiovisual: Catalunya responde, organizada por el Colegio Profesional del Audiovisual de Catalunya (CPAC). También ha participado Santiago Ramentol, consejero secretario del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC); Francesc Bellmunt, miembro del Consejo de Administración de RTVE; Eva Pujadas, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra; Ramon Colom, presidente de Sacraria Audiovisual; y Daniel Condeminas, decano del CPAC.
18-marzo 2010 http://www.auc.es
Balance de la Asociación de Usuarios de la Comunicación sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso
La impunidad de las televisiones para emitir publicidad ilícita uno de los aspectos más negativos de la nueva Ley.
Madrid, 18 de Marzo de 2010. El establecimiento de un marco legal estable, el reconocimiento del papel de las televisiones públicas y comunitarias y la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales son algunos de los aspectos más destacables del Proyecto de Ley aprobado hoy por el Congreso, según la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
La AUC reconoce el esfuerzo parlamentario para mejorar el texto en su tramitación en Congreso y Senado, recogiendo además muchas de las reivindicaciones de las organizaciones sociales y ciudadanas que han aumentado las garantías para la protección de los espectadores.
No obstante, señala también algunas deficiencias, especialmente a los siguientes aspectos:
Protección de los menores ante la programación
AUC considera positiva la prohibición de la emisión en abierto de los contenidos de pornografía y violencia gratuita; la obligatoriedad de calificar los contenidos por edades con un identificador digital y criterios homologados; el reconocimiento legal, dentro del horario de protección del menor, de las franjas de protección reforzada, hasta ahora recogidas en el Código de Autorregulación de las cadenas.
Sin embargo, critica que no se haya respetado lo señalado por la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, que obliga a que los contenidos de pornografía y violencia gratuita sean difundidos sólo a petición, es decir, mediante el sistema de video bajo demanda y fuera de las parrillas de programación, y sólo a través de acceso condicional.
Protección de los menores ante la publicidad
AUC considera positivo que finalmente se contemple la limitación de publicidad que pueda considerarse perjudicial para los consumidores, como la publicidad confusa de juguetes, la referida a tratamientos adelgazantes y “culto al cuerpo”, la sexista, la de alimentos ricos en grasas o la de esoterismo y paraciencias. Valora también favorablemente que se limite el horario de emisión de los llamados call Tv.
Sin embargo, considera que debería haberse formulado de modo más claro la prohibición de usar personajes de ficción como reclamo en la publicidad infantil; la limitación de emisión para los anuncios de contactos sexuales, y, sobre todo, debería de haberse prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas de 20 grados centesimales o menos (la de bebidas alcohólicas de más de 20 grados está prohibida desde el año 80) antes de las 10 de la noche. AUC considera incoherente que se prohíban antes de esa hora las comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y no las de un producto, como las bebidas alcohólicas, cuya venta está prohibida para los menores de 18 años.
Limitación del tiempo de emisión publicitaria
AUC valora positivamente que el Proyecto haya reducido el tiempo de emisión publicitaria a 20 minutos por hora de reloj, frente a los 39 minutos inicialmente propuestos por el Gobierno, con una limitación al día para las telepromociones (36 minutos).
Sin embargo, cabe recordar que la Directiva establece un límite obligatorio de 12 minutos para esas formas de comunicación comercial que en España pueden extenderse hasta los 20 minutos.
La responsabilidad de las cadenas sobre lo emitido
AUC considera muy negativo para los consumidores que se exonere de cualquier responsabilidad administrativa a los prestadores del servicio audiovisual televisivo por la posible emisión de comunicaciones comerciales ilícitas. No hay ningún sector en la oferta de bienes y servicios el que los canales de distribución no tengan responsabilidad en la calidad y estado de los productos ofrecidos.
Aunque la ley prevé obligar a las televisiones a cesar en la emisión de esas comunicaciones comerciales ilícitas, esta nueva situación rompe radicalmente con lo contemplado por la normativa audiovisual hasta ahora vigente, que consideraba responsables a las cadenas de lo emitido, tanto programación como publicidad. Además, se limita notablemente la capacidad de actuación del Consejo Audiovisual (que no podrá entrar en cuestiones publicitarias) y deja a los consumidores sin una vía clave para su protección y defensa ante la publicidad ilícita.
La FeSP denuncia que el Gobierno beneficia a las organizaciones patronales y olvida a los sindicatos
15 Marzo 2010. FeSP http://fesp.org/comunicados2.php?id=186
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rechazo a la actuación del Gobierno en normas tan importantes para la ciudadanía y para los profesionales del periodismo como son la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para ninguna de ellas ha contado con la opinión de las organizaciones sindicales y profesionales, pese a que están directamente afectadas, y ha actuado beneficiando claramente a las televisiones privadas y a los representantes de la patronal.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, lamenta que el Congreso de los Diputados vaya a aprobar el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual el próximo jueves, sin haberlo mejorado casi en nada durante su tramitación y sin atender prácticamente ninguna de las muchas propuestas que planteó la FeSP y otros colectivos. El modelo de sector audiovisual que se define en ese texto no se concibe como un servicio público y no se parece en nada al que propuso en 2004 la Comisión de Expertos a la que el Gobierno pidió opinión.
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno conceda ayudas a las empresas de comunicación para afrontar la crisis económica, la FeSP alerta del riesgo de que sean adjudicadas en muchos casos a quienes la han ocasionado. Consideramos que esas ayudas únicamente deben se otorgadas a quienes garanticen que las van a utilizar para mantener los puestos de trabajo, que cumplan estrictamente la normativa laboral y que asuman la función social que tienen todos los medios de comunicación como mediadores del derecho a la información de la ciudadanía.
La FeSP también expresa su apoyo a los trabajadores de la agencia Efe, a quienes la dirección de la empresa ha planteado unas propuestas inasumibles para hacer frente a la crisis económica. Les animamos a que defiendan los puestos de trabajo y a buscar fórmulas de ahorro que supongan más esfuerzo para los directivos y altos cargos y mucho menos para los trabajadores con salarios más bajos.
Asimismo, la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha acordado reiterar su apoyo a la directora de Radiotelevisión de Mallorca, Marisa Goñi, y a los trabajadores de la plantilla, ante el intento involucionista por parte del Partido Popular y Unió Mallorquina de anular los avances profesionales logrados y controlar esas emisoras por intereses partidistas.
Organizaciones sociales y de profesionales de la salud valoran positivamente las restricciones a la publicidad de alcohol recogidas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pero las consideran insuficientes
Defienden que debería haberse establecido esa prohibición de 6 de la mañana a 10 de la noche, coincidiendo con el horario legal de protección del menor.
Madrid, 18 de Marzo de 2010. Diferentes organizaciones sociales, de padres y madres, de defensa de la infancia, vecinales, de actuación en el campo de las adiciones, de telespectadores y de profesionales de la salud han manifestado su satisfacción porque, tras su aprobación definitiva en el Congreso, la Ley General de la Comunicación Audiovisual establezca una mayor restricción a la publicidad de alcohol en televisión. De acuerdo con la nueva norma, la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados centesimales sigue estando prohibida en televisión. Además, la publicidad de bebidas de menor graduación, que hasta ahora no contaba con ningún tipo de limitación, no podrá difundirse entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.
AUC, CEAPA y CONCAPA, FARE, FRAAVVM, iCmedia, Protégeles, Proyecto Hombre, OETI, semFYC, TAC y Tambor de Hojalata, se han pronunciado de forma conjunta, valorando de modo positivo que finalmente se hayan desestimado las enmiendas presentadas por CiU y Entesa para que las nuevas restricciones sólo afectaran a las bebidas destiladas y no a las fermentadas (vino, cerveza, cava, sidra). Los firmantes consideran injustificable el argumento mantenido por estos grupos parlamentarios según el cual la ingesta de estas últimas bebidas no genera problemas para la salud. El Grupo Popular también había protagonizado una enmienda en el Senado para eliminar las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas.
Se da la circunstancia de que, recientemente, tanto el Grupo Popular como CiU han presentado en el Congreso Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a tomar medidas para prevenir el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes.
Según la Encuesta Estatal Sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) correspondiente a 2008, el 81,2% de los menores entre 14 y 18 años declara haber consumido alguna vez alcohol y un 58,5% en los 30 días previos a la entrevista. La edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa entre los 13 y los 14 años, y un 29,1% declara haberse emborrachado en los últimos 30 días. Además, la bebida más consumida por los jóvenes según la encuesta es la cerveza, aunque el consumo de combinados/cubatas y licores es más intenso en el fin de semana. El 9,5% de los estudiantes declara haber conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol. La cifra asciende a un 12,5% en el caso de los estudiantes de 18 años.
De todos modos, y teniendo en cuenta que el alcohol es un producto cuya venta y consumo público está prohibido para los menores de 18 años, las organizaciones consideran que lo coherente hubiera sido prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas por televisión en el horario legal de protección del menor, que va de las 6:00 a las 22:00 horas.
Con motivo de la entrada del Proyecto de Ley en el Senado, estas organizaciones se dirigieron a la Ministra de Sanidad buscando su apoyo para la protección de los menores ante la publicidad de bebidas alcohólicas, y como contrapeso a las presiones que tanto la industria alcoholera como determinadas comunidades autónomas estaban realizando para modificar dicho Proyecto.
Las organizaciones firmantes consideran, en definitiva, que se ha perdido una oportunidad para afrontar uno de los aspectos sin duda importantes del fenómeno del consumo abusivo de alcohol por parte de los menores, que tanto preocupa a la sociedad española.